El control de internet

El Mobile World Congress celebrado en Barcelona ha escenificado estos días un episodio más del conflicto entre los gigantes digitales y las operadoras de telecomunicaciones que se dirime desde hace mucho tiempo en torno a la privacidad, la seguridad, la libertad y la responsabilidad. Con los modelos de negocio y la regulación como argamasa de todo. El más reciente choque enfrenta a las cuatro principales operadoras europeas (Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafone y Orange) con las grandes tecnológicas (Google, Meta, Amazon, Netflix, Microsoft y emergiendo fuertemente ahora TikTok). Este es un pulso entre los dos imperios a través de los que se desarrolla la era de la información, el de las infraestructuras de telecomunicaciones y el de los monopolios u oligopolios de la publicidad online, las redes sociales, los contenidos audiovisuales y los servicios en la nube, que son los que copan mayoritariamente el uso de las redes. Son dos negocios simbióticos, en los que unos no podrían existir sin los otros, pero donde se producen importantes asimetrías tanto regulatorias, como de competencia, de generación de empleo y de inversión.

Las compañías de telecomunicaciones argumentan que el tráfico de las grandes tecnológicas les supone un coste específico de 15.000 millones de euros anuales. Las cuatro han lanzado una campaña conjunta en Bruselas para regular la financiación de las infraestructuras, y de ello se hizo portavoz en Barcelona el presidente de Telefónica y de la misma GSMA, organizadora del Mobile, José María Álvarez-Pallete. La denuncia se centra en que “las plataformas digitales se están beneficiando de los modelos comerciales de hiperescalado a bajo coste” mientras ellos asumen el coste de la infraestructura y el mantenimiento, en un contexto continuo de precios decrecientes por unidad de ancho de banda, que comprometen su rentabilidad y el esfuerzo asociado a la mejora continua de sus redes. Reclaman un marco comercial y regulatorio más “justo” antes de asumir la agenda de la Década Digital de Europa, cuyo objetivo es conectar 45 millones de europeos a redes de gigabit y 5G en 2030.

Los gigantes digitales consideran, por su parte, que su posición es más simbiótica que parasitaria, y que ya aportan suficiente al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura europea, como son cables submarinos (muchas veces en colaboración con los operadores de telecomunicaciones), puntos de acceso directo a la nube o redes propias de distribución de contenidos. En cualquier caso, estas inversiones están muy por debajo de las que hacen las operadoras en términos relativos al negocio que generan, además de que son infraestructuras más orientadas a mejorar la calidad de los servicios que prestan a sus clientes (que acaban convirtiéndose en una barrera de entrada a otros jugadores) que a contribuir a la soberanía tecnológica y seguridad nacional europea. Argumentan también que sus contenidos y servicios incentivan la demanda de servicios de banda ancha, que las operadoras cobran sin distribuirlos con ellos.

Ambas premisas son correctas, pero es difícil compartir los argumentos de los gigantes digitales cuando los servicios que ofrecen en muchos casos no tienen prácticamente competencia, disfrutan de asimetría regulatoria respecto de los operadores de telecomunicaciones y obligan a sus usuarios a renunciar a la mayor parte de derechos que la red europea les garantiza, empezando por la neutralidad en la Red.