“Sin maras y sin democracia”: ¿solo un recodo?

El Faro es la publicación periódica independiente más solvente en El Salvador. Con información y análisis rigurosos, se ha ganado el respeto no solo en su país sino en toda persona atenta a la evolución de los acontecimientos salvadoreños. Tomo prestado de El Faro el título para esta nota de una allí publicada con un crudo y realista análisis sobre el impacto de las medidas represivas adoptadas por el régimen de Bukele contra las maras.

El Faro en su análisis nos confirma que las estructuras de las maras “han sido seriamente debilitadas y que su presencia es ya mínima o nula en los territorios que controlaron durante décadas”. La clave está en lo que sigue: “Hemos tenido que ceder nuestra democracia que, aunque imperfecta, se construyó después de casi 100.000 muertes y miles de desapariciones”.

La información disponible nos dice, en efecto, dos cosas claras. Primero, que las maras han sido seriamente jaqueadas. Lo que ha permitido que se haya pasado algunos días sin ningún homicidio “marero” en el país (algo impensable normalmente). Segundo, que eso es consecuencia directa de las duras medidas adoptadas.

Más allá de ello, son embargo, el telón de fondo inocultable el proceso gradual y sostenido de supresión de derechos y de las más elementales garantías ciudadanas establecidas en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Ese panorama va mucho más allá del tema maras pues el fondo de la historia es el proceso autoritario en marcha de concentración de poder. Que, entre otras cosas, pasa por el avasallamiento de la independencia judicial. Y por una “ley mordaza” que ha modificado el Código Penal legalizando abiertamente la censura: se prohíbe informar sobre las pandillas, sobre pactos entre políticos y pandilleros y sobre el control que ejercen sobre buena parte de la población urbana, especialmente la más pobre. Esta reforma legal fue calificada por la Asociación de Periodistas de El Salvador, con razón, como una “clara censura”.

El norte del proceso: Bukele está concentrando para sí todo el poder del Estado. Para ello ha desmontado las piezas esenciales de control institucional destituyendo a los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y expulsando al Fiscal General. Para sustituirlos por otros a su gusto y sin seguir las más elementales reglas de transparencia para su selección y designación. En el proceso en marcha para reelegirse como presidente en violación de la norma constitucional que proscribe la reelección inmediata, la nueva Sala Constitucional ya “interpretó” que Bukele sí se puede reelegir.

Allí no queda ni quedará todo. Bukele está empujando la redacción y aprobación de una nueva Constitución. De los borradores que se conocen, es claro que el texto constitucional que se perpetra reafirmaría lo de la reelección presidencial inmediata y despejaría cualquier duda que pudiera existir sobre el proyecto autoritario barriendo con instituciones y principios democráticos fundamentales.

El respaldo de la población a Bukele y sus medidas de impacto en la jaqueada seguridad ciudadana es un dato -explicable- de la realidad. Para miles de familias, pasar unos días sin violencia y asesinatos significa un cambio radical en la vida cotidiana y, por lo que se ve, la sociedad está dispuesta a pagar por ello el alto precio que significa arrasar con los estándares democráticos. Y Bukele es el presidente latinoamericano con el más alto índice de aprobación en la región lo que no es un dato casual.

Tres consideraciones permiten concluir que este momento de remanso y de respaldo ciudadano al régimen puede ser flor de un día.

Primero, la constatación histórica de que el fenómeno de las maras trasciende las fronteras de El Salvador por lo que no se puede resolver dentro de las fronteras del país. Esa multiplicidad de factores y el carácter transnacional de las maras supera medidas locales e inmediatas como las adoptadas por Bukele que han entusiasmado a la población salvadoreña.

Como es sabido, las maras surgieron en las calles de Los Ángeles y tienen miles de miembros en los EE UU: la Mara Salvatrucha, en particular se estima que tiene más de 10,000 integrantes en ese país. Las deportaciones sistemáticas de mareros desde EE UU a El Salvador realizadas han sido -comprobadamente- un factor central sostenido en su generación y fortalecimiento en El Salvador, “importador” de maras. Deportaciones que, como política, han sido seguidas tanto por gobiernos republicanos como demócratas. Durante el Gobierno de Obama se habrían expulsado, en promedio, a 74 salvadoreños al día durante con lo que se ganó el mote de Deportador en jefe. Trump continuó con esa política.

Por otro lado, con relación a lo anterior: no se trata de ser pesimista pero sí es legítimo dudar que las medidas autoritarias de Bukele frente a las maras tengan un impacto sostenido y de largo plazo. La pregunta podría acabar siendo, al final de la historia, si le habrá valido la pena a la sociedad salvadoreña “matar la democracia” para obtener un triunfo que al final podría ser pírrico.

Finalmente, la evidente interacción entre estas medidas represivas -hoy elogiadas en su país- con la estrategia de Bukele de liquidar gradualmente todas las formas de control de poder y arrasar con la normatividad democrática. Es evidente que los objetivos van más allá del combate a las maras y la seguridad ciudadana. Que da cuenta de una metástasis que viene corroyendo elementales espacios democráticos y de contrapeso en el país. De allí al abuso de poder y a la corrupción descontrolada, obviamente, solo hay un paso. La historia nos presenta muchos ejemplos.

¿Qué viene? No se trata de ser aguafiestas pero es legítimo dudar que con detenciones masivas y violaciones masivas a los derechos humanos se podrá resolver esta amenaza a la seguridad pública de manera sostenida. Podríamos estar, más bien, ante efectos inmediatos que difícilmente se podrá prolongar en el tiempo si no se abordan los asuntos generadores.

Lo que no excluye, por cierto, una eficiente acción policial y de la justicia. Pero que, de acuerdo a las experiencias internacionales comparadas, no puede tener resultados sostenibles sin abordar los factores contributivos de la violencia como la pobreza, la desigualdad y la exclusión, especialmente de los jóvenes. Como ya se ha demostrado en muchas experiencias, detenciones masivas, mezclando inocentes con otros que merecen sanción, procesos penales arbitrarios y simplistas, podrán ser flor de un día.

El dramático contexto social impacta más severamente en la juventud, masivamente integrada por ninis pauperizados y sin futuro en un país como El Salvador. Abordar esos asuntos críticos y dar oportunidades serias para la educación, trabajo y recreación a esa juventud en peligro, así como la articulación con las comunidades corroídas por las pandillas, aparece como un ingrediente esencial de las políticas públicas necesarias en esta materia.

Esto plantea un reto sustancial para las democracias latinoamericanas. Estas deben ser eficaces en estrategias de prevención y respuesta lo que, lamentablemente, no ha sido siempre el caso. La conclusión es muy clara: sin resultados eficientes ello se alimentarán las respuestas autoritarias y quedará tarea en manos de quienes torpedean la democracia.

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