Civismo y violencia sexual

La última encuesta del CIS sobre la percepción de la violencia sexual contra las mujeres constata la inquietante persistencia de estereotipos sociales pero también una liberación del discurso sobre estos temas que debe valorarse positivamente. Al ser preguntadas ellas mismas, el 21,7% de las mujeres contestaron que sí habían sido víctimas de alguna agresión sexual en su vida. Esto podría explicarse por el efecto que el movimiento Me Too ha tenido a la hora de quebrar la vergüenza o el pudor mal entendido que las amordazaba para hablar sobre ello y puede leerse también como un éxito de la lucha de las nuevas generaciones contra la estigmatización y descalificación social de la voz de las víctimas. Esta liberación ha permitido, a su vez, que la idea de igualdad se extienda al hecho de ser percibida la mujer como voz relevante para calibrar el alcance del problema.

La sociedad española cada vez identifica con mayor claridad la violencia en el ámbito digital, donde ha crecido de forma sustancial. Nada menos que entre un 80% y un 97% consideran inaceptables y punibles por ley cuestiones como enviar mensajes “con contenido sexual no deseado” o “compartir fotografías o vídeos de carácter sexual” sin consentimiento. La aplastante mayoría que piensa así refuerza una noción mucho más igualitaria de las “reglas del juego”.

Sin embargo, el dato negativo que arroja el estudio tiene que ver con la relación entre el agresor y la víctima. El 20% de los españoles cree que obligar a la pareja a tener sexo no debe ser castigado por la ley. Esto quiere decir que el consentimiento en la pareja sigue dándose por descontado (o, peor aún, que resulta indiferente si hay o no hay consentimiento). A su vez demuestra también que las denuncias tienen éxito cuando se reproducen los patrones más tradicionales sobre lo que entendemos por violación. De acuerdo con ellos, la violación sucede cuando se produce por un perpetrador conocido o desconocido y puede ser identificada por un médico. La investigación refleja que todavía es importante avanzar en la concienciación social de las llamadas violaciones “ordinarias”, esto es, aquellas que son en gran parte invisibles o indetectables y que no dan lugar a una respuesta penal precisamente porque no son identificadas como violaciones.

El mismo porcentaje de personas que opinan que obligar a la pareja a tener sexo no debe estar penado considera a la vez que es “inaceptable”. Hoy parece obvio que esos actos son inadmisibles cuando, hasta hace poco tiempo, eran tolerados como parte del proceloso mar de la convivencia e incluso simplemente no identificados como agresiones. Para esta revolución fueron fundamentales normas como la Ley contra la Violencia de Género (2004), pero también las movilizaciones que cambiaron la mentalidad sobre el consentimiento tanto como cesó la incapacidad para hablar públicamente sobre este tipo de violencia.