La ejecución de Tyre Nichols

El pasado 7 de enero, sobre las 20.30, Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años, fue apaleado salvajemente en plena calle por cinco policías de Memphis, Tennessee, cuando volvía a su casa después del trabajo. La razón para detenerlo fue, supuestamente, conducción imprudente, pero las imágenes delatan un ensañamiento que dura tres minutos de una paliza tras la que Nichols permaneció inconsciente en el hospital varios días. Murió a consecuencia de las hemorragias el 10 de enero.

Las imágenes provocan tanta repulsión como estupefacción ante la arbitrariedad de la violencia. Dos años después del asesinato a sangre fría de George Floyd a manos de un policía en plena calle en Mineápolis, Estados Unidos se ve de nuevo ante la evidencia de unos cuerpos de policía que actúan sin los límites mínimos exigibles en cualquier otra democracia del mundo. Cientos de personas mueren al año tras un encuentro con la policía, desproporcionadamente ciudadanos negros. Los problemas de origen que alimentan este ciclo perverso son múltiples, como la cultura de las armas, el uso demagógico de la seguridad ciudadana y la jurisprudencia que concede una impunidad de facto a los agentes.

La tragedia de Nichols, sin embargo, aporta matices nuevos. Los cinco agentes también son negros. Aunque el dato induce a la tentación de eliminar el elemento racista, es legítimo dudar si un hombre blanco habría sido tratado igual. El racismo es un factor estructural de la violencia, no solo personal. Pero la principal novedad es la actuación de las autoridades. En solo 20 días siguientes a la muerte, los policías fueron despedidos fulminantemente, la jefa de policía se ha declarado horrorizada y la Fiscalía del distrito ha presentado cargos por homicidio en segundo grado y otros delitos, lo que los puede llevar el resto de su vida a la cárcel. No ha habido paños calientes, ni esperas calculadas a ver si se calmaban los ánimos. En el ámbito federal, el caso ha reavivado la llamada ley George Floyd, que trata de establecer límites federales a la actuación policial y que está encallada en el Congreso por la oposición republicana. Sería sin duda un avance positivo, pero una reforma legal general desde Washington difícilmente evitará estas situaciones. La gestión de la seguridad ciudadana es una competencia de los municipios y la casuística es infinita.

La palanca de cambio a corto plazo está en la forma en la que se hace justicia en casos así. Ya sucedió en el caso Floyd: el agente pasará al menos 21 años en la cárcel por asesinato. El vídeo de Nichols se compara con el de Rodney King, apaleado salvajemente por la policía de Los Ángeles en 1991, que dio lugar a los disturbios raciales más graves de la historia. Pero hay que recordar que la ira que arrasó la ciudad no fue provocada por el vídeo, sino por la absolución posterior de los agentes. A pesar de la rabia, la desolación y la melancolía, Estados Unidos está ante una nueva oportunidad de avanzar por el camino de la justicia para poner límites a la impunidad de sus cuerpos policiales.