Proteger el ‘solo sí es sí’

La presentación en solitario por parte del socio mayoritario del Gobierno de la reforma de la ley del solo sí es sí en el Congreso de los Diputados revela la urgencia de atajar cuanto antes la alarma social y la erosión política que las rebajas de penas y las excarcelaciones de delincuentes sexuales han provocado tras la entrada en vigor de la nueva norma. Tanto jueces conservadores como progresistas han aplicado, legítimamente, interpretaciones contrarias a la intención del legislador. Su redactado actual da la posibilidad a la magistratura de utilizar el criterio preferente de revisión de condenas y reducción de penas a reos por delitos sexuales. La dimensión jurídica de la polémica se envenenó desde el primer momento por el primer paso en falso: las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y otras colaboradoras al presumir un machismo militante de los jueces como toda explicación a las rebajas y excarcelaciones.

Más allá del previsible machismo de muchos miembros de la judicatura —y de la medicina, y de las finanzas, y del periodismo y del deporte de riesgo—, el texto en vigor ha propiciado algunos resultados perversos. El uso descarnadamente político que la oposición y la derecha mediática está haciendo de estos efectos imprevistos de la ley no oculta el problema real: condenados por agresión sexual se han beneficiado de la ley para preocupación y dolor de las víctimas. Y es esta la cuestión que necesita urgentemente ser revisada con vistas al futuro. El PSOE defiende que su propuesta de reforma no altera el punto central del consentimiento —la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha mantenido un discreto papel negociador en este tiempo, declaró ayer en otro paso en falso lo fácil que es probar la violencia simplemente con una herida—, mientras Igualdad considera que desarbola el eje de la ley. Lo que sí hace es elevar las penas de nuevo y, según los socialistas, armar jurídicamente esa subida para evitar nuevos sobresaltos de interpretación en el futuro. De ahí, argumentan, la introducción de los conceptos de violencia e intimidación.

En su definición de consentimiento, la ley aspira a liberar a la víctima de la demostración de la resistencia ejercida contra su atacante, y ese es un fin ampliamente compartido por la sociedad actual. Pero a la vez, y siempre, el juez deberá tomar su decisión sobre cada caso a partir de las pruebas que permitan determinar si existió o no agresión y la pena que merece el agresor. La centralidad del consentimiento no puede impedir la legítima confrontación de pruebas en un juicio.

Políticamente, el Gobierno de coalición no puede permitirse la escenificación de un auto sacramental en el que el atrincheramiento vociferante de Igualdad por un lado y la tardanza de los socialistas en calibrar el alcance de la sangría por otro han prolongado una discusión sobre algo que la ciudadanía comprende muy bien: un error legislativo está mandando a la calle antes de tiempo a violadores condenados por efecto de la retroactividad de la pena favorable al reo ante la impotencia gubernamental. La frialdad analítica de la situación apela a la responsabilidad política de los dos socios para buscar la mejor solución técnica a un problema que es real y no entiende de relatos políticos.