Nueva etapa en el Constitucional

El Tribunal Constitucional acabó este miércoles con la anomalía de provisionalidad en la que llevaba seis meses y que amenazaba con perpetuarse con las mismas maniobras torticeras que mantienen caducado desde hace ya más de cuatro años al Consejo General del Poder Judicial. Tras un trimestre de elevadísima tensión institucional, el tribunal de garantías está renovado y este miércoles eligió nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, un magistrado de larga trayectoria y profundo conocimiento jurídico y del Estado, quien fue fiscal general en la etapa del presidente Rodríguez Zapatero. Pero las secuelas de la instrumentalización política por parte de la derecha de la cúpula judicial y del propio tribunal están ahí. El nuevo presidente sale por seis votos a cinco.

La ausencia de unanimidad en esta ocasión comportó a su vez otra quiebra de la tradición en el tribunal: la vicepresidenta será otra magistrada progresista, Inmaculada Montalbán, en lugar del candidato de la actual minoría conservadora, como se había hecho hasta ahora para dotar de pluralidad a los cargos del tribunal. La maniobra de los conservadores de torpedear a cualquier precio la candidatura de Conde-Pumpido y evitar a toda costa una candidatura de consenso ha acabado con la presidencia y la vicepresidencia en manos progresistas. Todo revela las heridas no cerradas que han dejado algunas de las últimas y más insólitas resoluciones del Constitucional, en particular la declaración de inconstitucionalidad de los decretos de alarma que el Gobierno dictó para contener la pandemia y, mucho más reciente, su intromisión en la actividad del poder legislativo al impedir la tramitación en el Senado del sistema de elección de los miembros del tribunal que acabara con el bloqueo. El final de este bucle irresponsable de juegos políticos alumbra la paradoja de que Conde-Pumpido se convierte en presidente con el voto de la magistrada María Luisa Segoviano, a quien precisamente los conservadores presentaron en una jugada más para impedirlo. El daño al prestigio del tribunal tardará en curarse y ese es el reto más importante que tiene por delante el nuevo presidente.

Renovado el Constitucional, recuperada la normalidad en el tribunal de garantías, lo grave en términos cualitativos sigue siendo la perpetuación de un atrincheramiento inaceptable del PP en un CGPJ con el mandato caducado desde hace más de cuatro años. Como Bruselas ha reclamado recurrentemente, urge acabar con esta situación, es imprescindible renovarlo y a continuación plantear una reforma de su sistema de elección y funcionamiento para evitar bloqueos lesivos para la calidad de nuestra democracia como el que estamos padeciendo. La lista de excusas sucesivas que el Partido Popular ha ido formulando a lo largo de estos años está en las hemerotecas y perseguirá a Alberto Núñez Feijóo durante el largo ciclo electoral que inicia España en este año 2023. Esta misma semana, el líder popular ha vuelto a poner sus condiciones para cumplir con un deber constitucional que debe estar al margen de discrepancias partidistas. Feijóo vuelve a proponer primero cambiar el sistema de elección y luego renovar. Justo lo contrario de lo que recomienda Bruselas y la prueba más evidente de que está dispuesto a mantener en el órgano de gobierno de los jueces una composición elegida por la mayoría absoluta de Rajoy de hace 10 años. La moderación no es un tono de voz, la moderación no consiste en el acierto de recuperar perfiles públicos como el de Borja Sémper. La moderación se sustancia en el respeto a una institución del calibre del Consejo General del Poder Judicial. Hoy lleva cuatro años y 38 días con su mandato caducado. Fuera del respeto a la institucionalidad solo queda la senda iliberal.