Crisis de los indultos en Chile

La decisión del Gobierno de Gabriel Boric de indultar a 13 condenados, 12 de ellos por delitos cometidos en las revueltas sociales de octubre de hace tres años, ha desatado una polémica que aún está lejos de amainar. La medida fue adoptada en un mal momento (el 30 de diciembre, justo antes de la Nochevieja) y su justificación ha generado unas turbulencias políticas alejadas de la necesidad que tiene la sociedad chilena de recuperar la confianza en sus mandatarios. La crisis culminó con la caída de la ministra de Justicia y del hombre de confianza y jefe de Gabinete de Boric, los dos militantes del mismo partido del presidente, el Frente Amplio.

En este caso no se ha cuestionado la facultad del presidente de indultar a condenados por diversos crímenes, porque lo permite la Constitución. Lo que ha provocado la polémica ha sido el momento elegido por el Gobierno para conceder las libertades y el perfil de algunos de los indultados: justamente cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá, estaba a punto de sellar un acuerdo sobre seguridad con la oposición, congelado tras los indultos. Lo que se reprocha al mandatario, incluso en privado desde el propio entorno oficial, ha sido un proceso que el mismo Boric catalogó de “desprolijo”. Aparentemente hubo tal nivel de improvisación que el día de la publicación de los indultos el Gobierno hizo correr varios listados, con nombres que entraban y salían y, finalmente, se decidió a indultarlos a todos. Entre los beneficiados se encuentran personas con un largo historial policial previo a 2019, como Luis Castillo, que disfraza su perfil de delincuente común con un poco sofisticado discurso de político radical. La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, contribuyó a avivar la discusión al explicar que “si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiera sido distinta”, dejando en evidencia que Boric no conocía el pasado de los beneficiados. La ciudadanía ha castigado lo sucedido. De acuerdo con la encuesta Cadem, la desaprobación a Boric llegó al 70%, subiendo nueve puntos en una semana.

La paralización del acuerdo sobre seguridad ha sido uno de los efectos indeseados de la medida. En Chile hoy es un reconocido problema: la delincuencia ha cambiado y dispone de mejores armas. El país sufre por la acción del crimen organizado internacional y determinados delitos, como los homicidios, han aumentado un 32,2% en los últimos 12 meses. La población lo sufre y, según una encuesta del Centro de Estudios Públicos, la delincuencia, los asaltos y los robos son la primera prioridad a la que debería dedicar sus esfuerzos el Gobierno, por encima de asuntos tan relevantes como la salud, las pensiones y la educación. Es un tema altamente conflictivo y que debe ser tratado con el máximo cuidado por el Gobierno. La seguridad no es de izquierdas ni de derechas, sino una necesidad social en la que los patinazos se pagan con creces.