El sur avanza

Los Veintisiete han aceptado poner un tope al precio del gas natural en el mercado mayorista, de 180 euros por megavatio hora, después de haberse resistido durante meses con enorme determinación a adoptar esta medida a pesar de los problemas derivados de la guerra en Ucrania. El acuerdo queda muy lejos de los 275 euros originalmente propuestos por la Comisión, y que habían patrocinado Alemania y Países Bajos, y está infinitamente más cerca de las ambiciones meridionales que del conservadurismo septentrional. Se trata de una medida inédita e impensable hace pocos meses, y es un nuevo ejemplo de ese radical cambio de trayectoria de la UE al constituir una victoria —con algunos matices— para el sur y la periferia. La posición de España, el país más beligerante contra las aguadas propuestas iniciales de la Comisión y voz cantante de la mano de la ministra Teresa Ribera en las negociaciones, sale particularmente reforzada.

Lejos quedan ya los días en los que los países del norte ganaban, sistemáticamente y casi sin necesidad de bregarse, todas las batallas económicas en el seno de la UE. En lo puramente económico, el mecanismo adoptado dota a la Unión de una línea de defensa adicional frente a la especulación y frente a una posible escalada de precios el próximo verano, algo que no es descartable: cuando toque llenar de nuevo los almacenamientos con vistas al invierno de 2023, reaparecerán las dudas y subirá el precio. Sin ser definitivo, porque aún vendrán curvas —la primera fase de la crisis energética está superada, pero 2023 seguirá siendo un año difícil—, el límite insufla tranquilidad en el mercado gasista para los meses venideros. Y permite pensar en un mayor control de la inflación energética.

En lo político, supone un espaldarazo importante para quienes llevan meses pidiendo cambios de calado en el funcionamiento de los mercados energéticos europeos. Si la excepción ibérica supuso un cambio radical en la forma de fijar el precio de la luz en España y Portugal, derribando una por una las resistencias de los países más reticentes al cambio, el tope sobre el precio del gas profundiza aún más en esa misma línea.

La medida incluye alguna concesión para hacerla aceptable a ojos de Berlín —que viró del no al sí— y La Haya —que se abstuvo—. Así que la limitación de precios tendrá cuatro condiciones y dejará de tener efecto si se declara una emergencia en el sector gasista, si se precipita la inestabilidad en los mercados financieros por las garantías exigidas a las empresas gasistas, si se dispara la demanda interna o si las llegadas de gas por barco —el gran comodín de la UE en esta crisis— se desploman. En síntesis: ante cualquier duda sobre la seguridad de suministro, el tope pasará a la reserva. Mientras tanto, el centro y el norte se aseguran un freno. Y el sur y la periferia logran imponer su criterio tras el brindis al sol inicial del Ejecutivo comunitario en forma de tope inaplicable.