Guerra contra las maras en El Salvador

La batalla del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las pandillas violentas ha dado un salto cualitativo en la última semana al poner en marcha un operativo para cercar con policías y militares algunas de las principales ciudades del país centroamericano. La medida aspira a acorralar a las maras para evitar que entren o salgan de esos territorios, y es en todo caso la última vuelta de tuerca en la guerra emprendida por el Gobierno contra dos de las organizaciones criminales más sangrientas, la Mara Salvatrucha-13 y el Barrio-18. Hace ocho meses el mandatario decretó un régimen de excepción con efectos contradictorios: le ha permitido debilitar de forma significativa estas estructuras criminales, pero a cambio ha incrementado de forma significativa los retrocesos en libertades y derechos humanos para el resto de la población.

Las denuncias son constantes. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch son solo algunos de los organismos que han alertado de los abusos de las fuerzas de seguridad: violencia indiscriminada, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otros malos tratos. En El Salvador el miedo parece estar cambiando de bando. Las pandillas no han desaparecido, pero los habitantes de las zonas controladas por estos grupos temen ahora también la actuación de la policía y del ejército. Y a eso se suma el riesgo de que los uniformados acaben ocupando el vacío y se hagan con el control de actividades como la extorsión.

La otra cara de la moneda es la supuesta eficacia del régimen de excepción contra el crimen organizado, principal argumento de Bukele. En los últimos meses, se han producido más de 58.000 detenciones, y la Mara Salvatrucha, la principal organización ilegal del país, ha perdido terreno y su control territorial ha menguado, así como su capacidad de reclutamiento de nuevos integrantes. Y el Gobierno, que según las investigaciones periodísticas de El Faro llegó a negociar con las pandillas hasta romper un supuesto pacto secreto, no está dispuesto a modificar su postura.

El estado de excepción que vive y sufre El Salvador es especialmente preocupante por dos razones. La primera es obvia e incumbe a las graves repercusiones que tiene en la vida de los barrios el poder absoluto de la policía y de los militares. Y la segunda es la persistencia de la deriva autoritaria de la que el populismo de Bukele ha dado múltiples señales tanto en materia de seguridad como en su acoso a la prensa, sus intentos de desembarazarse de los mecanismos de control constitucionales y su batalla personal contra la justicia. El desprecio a las denuncias de violaciones de derechos fundamentales es el último y cruel ejemplo.