La ‘ley del sí es sí’

Una de las leyes centrales de esta legislatura, la conocida como del sí es sí o, más exactamente, Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, se ha convertido en un problema político y social por los efectos indeseados por sus promotores y evidenciados ahora tras su entrada en vigor el 7 de octubre. Desde entonces, numerosos abogados de condenados por delitos contra la libertad sexual bajo el anterior Código Penal han obtenido la aplicación automática de la rebaja de penas que en algunos supuestos contempla la nueva ley. Los jueces actúan en cumplimiento del mandato de retroactividad favorable al reo del Código Penal que obliga a aplicar la norma que más favorece a los condenados con carácter retroactivo. En la quincena de casos conocidos se han rebajado las penas y en alguno se ha procedido a la excarcelación. No es una aplicación general sino caso a caso.

La ley del sí es sí contiene una refundición de conductas que eliminó los abusos sexuales y denominó todos delitos como agresión sexual. Al optar por una única tipificación para comportamientos muy distintos se estipuló una horquilla de penas más amplia y con unos mínimos más bajos en algunos supuestos. La alarma social y el revuelo político lo ha causado la aplicación de las nuevas penas más bajas en sentencias que no juzgan de nuevo los hechos, sino que revisan las penas a la luz de la nueva ley.

Los juristas, los jueces y finalmente en algún momento el Tribunal Supremo, unificarán doctrina y sentarán jurisprudencia sobre la aplicación de estas novedades en el Código Penal. El propio Código, en su Disposición Transitoria 5ª indica que la ley posterior no será más favorable al condenado si con ella se puede imponer la misma pena anterior, por situarse en la horquilla entre la pena mínima y la máxima de la nueva regulación.

De momento, lo que se puede constatar es que, sorprendentemente, la nueva ley no incluyó, como hacen todas las leyes, la disposición transitoria segunda —las reglas que establecen la transición entre un Código y otro— y que hubiera impedido en muchos casos una variación de la pena siempre que la nueva estuviera dentro de la horquilla existente cuando el reo fue juzgado. En ninguno de los trámites por los que pasó la ley, en el Ministerio de Igualdad, en el Consejo de Ministros, el Parlamento y los órganos consultivos, CGPJ y Consejo de Estado, se detectó esa ausencia. Lo que sí advirtió el informe preceptivo pero no vinculante del Consejo General del Poder Judicial en sus puntos 241 a 245 era el riesgo de que ocurriera lo que finalmente está ocurriendo: que se produjeran rebajas de penas en las revisiones de condenas. No se atendió ese riesgo por parte del Ministerio de Igualdad que hasta hace unos días sostenía que no habría ni un solo caso.

Una vez constatado que sí ocurre y seguirá ocurriendo, la peor salida posible es la que han adoptado la ministra de Igualdad y demás responsables de su departamento: acusar a los jueces y juezas de actuar poco menos que como escuadrones machistas. La débil perspectiva de género de muchos jueces no es una novedad y precisamente por eso, al margen de la lenta e imprescindible tarea de formación de los operadores de la justicia, cualquier ley, pero especialmente una ley tan novedosa como esta debió prever cualquier resquicio, cualquier grieta, cualquier interpretación que acabara provocando efectos indeseados. Hoy comprobamos que la ley orgánica no supo blindarse para evitarlo y lo que toca ahora es asumir el error y buscar la manera de remediarlo para impedir que se lesione la confianza de la ciudadanía en la capacidad de la justicia para proteger a las víctimas de la violencia sexual. El consenso social en torno a la necesidad de regular la libertad sexual y el consentimiento es un capital demasiado valioso para ponerlo en riesgo.