El Poder Judicial repudia los “intolerables ataques” de la ministra Irene Montero a los jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reaccionado este miércoles con indignación a las dudas sobre la aplicación que están haciendo los jueces de la ley del solo sí es sí que han sembrado diversos dirigentes de Unidas Podemos, empezando por la ministra de Igualdad, Irene Montero. En un comunicado emitido por la comisión permanente ―el máximo órgano de decisión tras el pleno―, el Consejo muestra su “más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos, que se contraponen con el acreditado compromiso de la carrera judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual”. “Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las administraciones y, singularmente, en la de justicia, aumentando su desprotección”, señala en un comunicado el CGPJ, aludiendo a las palabras de Montero o de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, a quienes no cita. Ambas han afirmado que la reducción de penas en algunos casos de condenados por agresión sexual se debe no a un problema de la ley sino a que hay jueces que “están incumpliendo la ley” por “machismo”. Las cuatro asociaciones de jueces, tanto las de tendencia conservadora como la progresista, han mostrado igualmente su profundo malestar por la reacción “infantil y absurda” de la ministra de Igualdad.

En el mismo texto, el CGPJ recuerda que el derecho del reo a que se le aplique la ley más favorable cuando la legislación cambia “constituye un principio básico del Derecho Penal”, derivado del artículo 9.3 de la Constitución y del 2.2 del Código Penal, que establece que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”.

“Las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual resultan, por tanto, de la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial”, señala el órgano, que recuerda que en el informe emitido durante la tramitación de la nueva norma ya advirtió sobre el efecto que la rebaja de las penas máximas para algunos supuestos tendría sobre las condenas ya dictadas.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, se ha adherido al comunicado del CGPJ y ha remarcado que los jueces españoles “tienen una sólida formación en materia de violencia de género”. Desde 2019, año en el que se estableció por ley la obligatoriedad de realizar el curso sobre perspectiva de género para acceder a la especialidad, han recibido esta formación 1.467 jueces y juezas. En cuanto a los cursos de violencia de género, los han realizado 307 jueces y juezas, según la nota difundida por el Observatorio, un órgano integrado por el CGPJ (que lo preside), varios ministerios, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas y los Consejos de la Abogacía y de los Procuradores.

La opinión del Consejo General del Poder Judicial es compartida también por las asociaciones de jueces de manera unánime. “Cuando se legisla sin prestar atención a lo que se informa por los órganos que tienen obligación de advertir, se corre el riesgo de que pasen este tipo de cosas. Ahora no vale llamar machistas a los jueces. Es infantil y absurdo”, ha protestado Juan José Carbonero, miembro ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, la asociación mayoritaria y de tendencia conservadora). Lo que ha ocurrido, ha subrayado, no es una “aplicación indebida de la ley por un juez” de forma aislada. “Los magistrados aplican la ley como tienen que hacerlo, en la medida en que no se puede dejar de aplicar la retroactividad. El Consejo General del Poder Judicial les advirtió y nadie les hizo caso”. En su opinión, todo se reduce a una “cuestión de buena técnica legislativa”, por lo que ha puesto en duda lo que considera una estrategia errática del Ministerio de Igualdad. “Es humo cuando se habla de jueces machistas y se desconoce la realidad. No tiene sentido tildar a los que vamos a aplicar la ley, cuando el resultado no es el querido, de machistas. Es peligroso entrar en una espiral de esta naturaleza”, ha zanjado, en declaraciones a Europa Press.

En una línea similar se ha expresado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, que ha explicado que “el hecho de que se aplique” la ley “no tiene que alarmar a nadie”. “Distinto es”, ha apuntado, “que [la reducción de penas] no fuera una consecuencia prevista o querida”. “Entonces tenemos un problema de falta de previsión del legislador. Entiendo que pueda llamar la atención, pero realmente sucede cuando se cambia el Código Penal y se despenalizan determinadas conductas o se rebaja la pena en algún delito”, ha añadido Vaquero. “Aunque cambiaran la ley [a partir de ahora], todos se beneficiarían. Solo se aplicaría un cambio para el que cometa delitos a partir de la entrada en vigor del cambio. A todos los que fueron condenados se les aplica retroactivamente, aunque esté en vigor un solo día”.

La magistrada Concha Roig, miembro del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD, de tendencia progresista), ha reconocido que no entiende la “sorpresa” de algunos políticos por la rebaja de las penas de prisión a algunos condenados por abusos sexuales a menores. “[La aplicación retroactiva de la ley más favorable] Es una aplicación habitual desde la aprobación del Código Penal de 1995. No cabe el arbitrio judicial, no se trata de volver a determinar la pena e interpretar los hechos: es una interpretación taxativa”, ha señalado a Europa Press.

El presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) ha mostrado en declaraciones a la misma agencia su indignación por una “reacción exagerada, desproporcionada y demagoga por parte de los responsables políticos, que ponen en el tejado del edificio judicial la pelota” que, a su juicio, “han montado ellos solos”. “No es un problema interpretativo, sino que en la norma donde decía 8 ahora dice 6 [años]. Que ahora digan que incumplimos la ley cuando estamos cumpliéndola, la verdad es que suena a lo que es. La descalificación y el insulto es el argumento de los que no tienen argumentos. Una reacción tan visceral y una huida hacia adelante que pone de manifiesto que se quiere matar al mensajero”, ha lamentado.