Reglas fiscales europeas

La Comisión Europea ha lanzado una propuesta para modificar las reglas fiscales (presupuestarias) europeas de ambición insuficiente pero razonable. El Pacto de Estabilidad cosechó resultados muy deficientes al poner en marcha los controles del déficit público (a un máximo del 3% del PIB) y la deuda (del 60%), y esa es la pieza (hoy temporalmente suspendida) que se busca retocar.

Por un lado, los controles excesivos facilitaron la política de austeridad con que la Unión afrontó la Gran Recesion de 2008 y dispararon el descontento popular por los recortes sociales, la fricción Norte-Sur, el populismo, y condujeron a casi el colapso de la unión monetaria causado por el desplome de algunas deudas soberanas. Por otro lado, el Pacto de Estabilidad también fue incapaz de imponer su teórica contundencia a los incumplidores, y lo han sido la práctica totalidad de los Veintisiete. Nunca ninguno ha sido multado. Peor aún: cuando lo han violado países poderosos como Alemania y Francia —en 2003—, lograron imponer una modificación en sentido favorable a ambos países. Los autotitulados “frugales” suelen olvidarlo y tampoco reclaman el retorno del plan a su arquitectura original. Parece que solo pueda provocar problemas el endeudamiento de la periferia, que es con frecuencia excesivo.

En vez de cuestionar los objetivos numéricos del pacto, Bruselas ha optado por la vía pragmática de hacer más digeribles y razonables los mecanismos para alcanzarlos. El sucedáneo no es óptimo pero puede funcionar y demostrarse transitable. Los retoques van en la buena dirección y consisten en imponer una sencilla regla de gasto (que no crezca por encima de la economía), trazar planes individualizados para cada país, desplegarlos en un ámbito temporal sensato (entre cuatro y siete años, en vez de anualmente) y, por fin, rebajar las multas dinerarias a la par que se aumentan las sanciones “reputacionales”, es decir, llamadas a que los mercados financieros presionen en pro de la ortodoxia fiscal. También es sensato otorgar un mayor papel consultivo a las autoridades fiscales independientes, sin llegar a convertir en árbitros políticos a estos órganos técnicos de fiscalización porque podría comportar efectos indeseables desde el punto de vista democrático.

Esta reforma permitirá mejorar los procedimientos contra el déficit y la deuda excesivos. Lo peor es que es asimétrica: mejora poco el mecanismo contra los “desequilibrios macroeconómicos”, que es el que persigue los excesos de países más prósperos, como son los superávits excesivos.