Océanos sin ley

Inesperadamente, el acuerdo acabó frustrándose. Tras cuatro años de negociaciones, y pese a que las expectativas eran positivas, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no fue capaz de acordar el pasado viernes el que estaba llamado a ser el primer tratado global sobre los océanos que incluyera la protección de las aguas de alta mar. La decepción que ha supuesto la falta de acuerdo obliga a retomar cuanto antes las negociaciones para superar la conocida como Constitución de los Océanos, de 1982, que deja al margen la biodiversidad existente fuera de las aguas nacionales y no aplica regulación internacional alguna en casi dos terceras partes del ámbito marino.

Actualmente las principales amenazas que se ciernen sobre los mares son tres: la pesca industrial, la minería en aguas profundas y la contaminación. Especialmente visible es la producida por plásticos, que al degradarse en el océano acaban incorporándose en forma de microplásticos a la cadena alimenticia y así llegan a nuestra mesa. Es verdad que las medidas de protección han ido avanzando en aguas nacionales, pero no así en aguas internacionales, que al no ser de nadie quedan al margen de las figuras de regulación y gestión. En este sentido, es indispensable un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la conservación y uso de la biodiversidad biológica marina en alta mar que proteja, al menos, el 30% de los océanos de aquí a 2030. Ese era el objetivo de la Convención.

Pese a que todo indicaba que había llegado el momento de este acuerdo, finalmente no ha sido posible. La gestión de los beneficios derivados de la explotación de los recursos genéticos de alta mar, entre otros, lo han imposibilitado, pero cada día que pasa es más urgente llegar a ese acuerdo de efecto global. La postura de países como España o la propia Unión Europea, que han participado dentro del marco de la Coalición de Alta Ambición —un foro político de alto nivel formado por 50 miembros—, ha de ser clave para que las negociaciones se retomen con urgencia y culminen con un acuerdo, en efecto, ambicioso, capaz de incluir al conjunto de aguas nacionales e internacionales y superar la actual situación de mosaico de acuerdos por sectores.

Actividades tan diversas como el tendido de cables subacuáticos, la contaminación por plástico, la pesca o la minería deben ser incluidas en un tratado que tenga en cuenta tanto la biodiversidad como todos los servicios ecosistémicos que afectan a la humanidad. Para lograrlo es imprescindible reforzar los mecanismos de cooperación, determinar la creación de áreas de protección marina y aplicar a las intervenciones en el océano evaluaciones de impacto ambiental. Las aguas que no son de nadie son de todos, y protegerlas de forma eficaz ha de ser una responsabilidad compartida donde no debería haber regateo ni cortoplacismo.