López Obrador, la DEA y Bartlett

No sé si autocontención sea la mejor palabra para describir la prudencia con la que Andrés Manuel López Obrador ha asumido las complejas relaciones de México con Estados Unidos. El presidente se ha cuidado de no apelar al recurso fácil de encender el nacionalismo apelando al desafecto que genera el poderoso vecino. Por el contrario, en materia de relaciones comerciales, inversión extranjera, migración, frontera o maquila, el mandatario muestra una actitud práctica, desprovista de la carga ideológica que pone en juego en otros frentes. La excepción a este espíritu conciliador es la DEA, frente a la cual no esconde su repulsa.

El recelo de López Obrador podría estar más que justificado a la luz de la información que arroja el libro, Cien años de espías y drogas: la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México (Debate, 2022), de Carlos A. Pérez Ricart. Sin maniqueísmos ni satanizaciones, este joven profesor del CIDE con doctorado en la Universidad Libre de Berlín y ex docente de Oxford, analiza y documenta las experiencias de los agentes de la DEA, a ratos esforzadas y valiosas, a ratos francamente violatoria de las leyes, al incurrir en secuestros, acusaciones fabricadas e, incluso, ejecuciones sumarias.

Imposible saber cuánta de esta información estaba en posesión de López Obrador, pero no habría duda de que el presidente habría conocido de cerca el infamante comportamiento de la DEA en el caso de Manuel Bartlett y Enrique Camarena, al que el libro dedica un detallado relato.

Por razones que tendrían que ver más con la política que con la investigación policiaca, la DEA estaba interesada en demostrar que la incapacidad para reducir el poder de los cárteles mexicanos no procedía de alguna supuesta ineficiencia, sino del involucramiento de las más altas esferas de nuestro Gobierno en la protección de los narcos. La indignación que produjo en la opinión pública estadounidense la tortura y ejecución de su agente Enrique Camarena, en 1985, ofreció una oportunidad inmejorable para demostrar su tesis. Pérez Ricard documenta paso a paso la manera en que un superior de la DEA montó la Operación Leyenda. “Berrellez y su equipo hicieron surgir a varios testigos que declararían exactamente lo que el agente, la DEA y parte del Gobierno de Estados Unidos querían escuchar: detrás del asesinato de Camarena estaba la plana mayor del Gobierno de México.”

Operación Leyenda se había convertido en una investigación contra México: “mientras más fuertes fueran los señalamientos, mejor. Mientras más arriba apuntaran los testigos protegidos, mejor. La verdad era lo de menos”. Más de cien personas, la mayoría ex policías corruptos y narcos, testificaron bajo el aliciente de obtener tratos preferenciales y recompensas económicas a cambio de algo que pudiera incriminar a altos funcionarios. La operación “reclutó y produjo a los principales testigos que inculparon a personajes como el exprocurador Enrique Álvarez del Castillo, el general Juan Arévalo Gardoqui, el secretario de Gobernación Manuel Bartlett y otros”.

Uno de los tres testigos claves, Héctor Cervantes, afirmó que en el día en que Camarena fue torturado estuvieron presentes en la casa donde tenían al agente, al menos los siguientes personajes: Javier García Paniagua, Manuel Ibarra, Miguel Aldana Suárez, Manuel Bartlett y Rubén Zuno Arce.

Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, demostró que en las 36 horas en las que Camarena estuvo secuestrado y torturado, antes de ser asesinado, sostuvo actividades públicas documentadas que le habrían imposibilitado estar en Guadalajara. Este personaje, Cervantes, años más tarde se retractaría ante notario aduciendo haber sido presionado para inventar su declaración y se quejó de no haber recibido la totalidad del dinero prometido.

En un artículo publicado por Pérez Ricart esta semana en Sinembargo.mx, el autor concluye: “Una vez descartadas las declaraciones de los testigos protegidos y desenmascarados los incentivos perversos que los guiaban, la evidencia contra Bartlett se desvanece. No hay ninguna otra pista verosímil que lo vincule con el secuestro de Camarena. Seguir con ese debate no solo es absurdo e irresponsable, también es hacerle el caldo gordo a la narrativa de la DEA y a su uso histórico del chantaje como práctica política”.

En esta atinada conclusión de Pérez Ricart hay algo que se escapa. La leyenda negra en contra de Bartlett no solo le hace el caldo gordo a la DEA, también a los muchos intereses económicos afectados por la política energética de la 4T. Cabría preguntarse las razones de AMLO para optar por un personaje de imagen tan polémica, para conducir a una dependencia que habría de convertirse en campo de batalla de la opinión pública. Y, en efecto, los críticos no han ahorrado epítetos y escándalos en torno al titular de la CFE, incluso de naturaleza familiar, con la intención de deslegitimar las políticas asumidas por el Gobierno en materia de electricidad. Supongo que el presidente prefirió correr ese riesgo, a cambio de tener un hombre al que sabía irreductible frente a las presiones de los poderosos intereses económicos, alguien además con absoluta convicción en lo que hacía. Recordemos que como legislador Bartlett se especializó en temas energéticos y encabezó la oposición en contra de las reformas de Enrique Peña Nieto en la materia. Muy probablemente fue Bartlett quien relató en detalle al candidato respecto los negocios y tropelías que se estaban realizando a la sombra de tales reformas.

Manuel Bartlett es un personaje sui géneris. Puede acusársele de ser adicto al poder, pero no a la riqueza. Contra lo que se ha inventado, no es un hombre de gran fortuna considerando los puestos que ha desempeñado. Las propiedades que se le atribuyen pertenecen en su gran mayoría a su pareja sentimental, una exitosa mujer de negocios de Puebla, al margen de las actividades del funcionario. Es decir, la del dinero es ella. Y lo mismo podría decirse del negocio al que se ha dedicado desde hace varios lustros el hijo de Bartlett, abastecimiento de equipos médicos, la mayor parte orientados al sector privado y sin relación con las ocupaciones del padre.

Pérez Ricart terminaba su artículo de manera categórica: “Yo no sé si Bartlett es culpable o inocente de otras cosas; esa es harina de otro costal. En el caso Camarena y Bartlett no hay evidencia; hay puros chismes…” Coincidiría y además añadiría que lo mismo es válido en el caso de los supuestos enriquecimientos del funcionario a los que se ha recurrido para debilitarlo. Lo que sí hay es un tozudo intento de cambiar la política energética vigente, tarea en la que están empeñados él y el presidente. Este tendría que ser el verdadero campo de debate, no las leyendas negras que han tratado de colgarle por motivos aviesos.

@Jorgezepedap