Tribuna
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Mitos y verdades de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco

España necesita una ley que integre las diversas memorias, pero solo a las víctimas de la represión franquista se les debe reparación moral y reconocimiento después de tantos años de vergonzosa marginación

Nicolás Aznárez

Vivimos un proceso de invención y apropiación del pasado. Lo llaman historia, memoria, pero en realidad es una batalla en torno a qué versión de los hechos debería prevalecer. Y para elaborarla y difundirla puede recurrirse tanto al recuerdo como a la omisión, la distorsión o el falseamiento. Es la confrontación entre la investigación histórica, las memorias enfrentadas y las posiciones ideológicas que alimentan pasiones y mentiras.

La historia de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco continúa persiguiendo nuestro presente. Franco murió en la cama en noviembre de 1975 y tras su muerte nadie habló de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y las violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura, ni se celebraron juicios contra los supuestos verdugos o responsables de esos actos violentos.

La violencia estuvo inextricablemente unida al golpe de Estado de julio de 1936 y al desarrollo de la Guerra Civil. Simbolizada por las “sacas”, “paseos” y asesinatos masivos, sirvió en los dos bandos en lucha para eliminar a sus respectivos enemigos, naturales o imprevistos. Fue una parte integral del “glorioso Movimiento Nacional”, de su asalto a la República y de la conquista gradual del poder, palmo a palmo, masacre tras masacre, batalla tras batalla. Se convirtió asimismo en un ingrediente básico de la respuesta multiforme y desordenada que las organizaciones políticas y sindicales de izquierda dieron al golpe militar. Más que una consecuencia de la guerra, como puede a veces creerse, esa violencia fue el resultado directo de una sublevación militar que llevó con ella desde el primer instante el asesinato impune y el tiro de gracia. Un plan estratégicamente diseñado que, donde falló, encontró una réplica armada súbita y feroz contra los principales protagonistas de la sublevación y contra quienes se consideraba sus compañeros materiales y espirituales de armas.

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Quienes habían provocado la guerra y gestionaron desde el nuevo Estado la victoria, asentaron la idea, imposible de contestar, de que los republicanos eran los responsables de todos los desastres y crímenes que habían ocurrido en España desde 1931. Proyectar la culpa exclusivamente sobre los republicanos vencidos liberaba a los vencedores de la más mínima sospecha. El supuesto sufrimiento colectivo dejaba paso al castigo de solo una parte. Francisco Franco lo recordaba a menudo con el lenguaje religioso que le sirvió en bandeja la Iglesia católica: “No es un capricho el sufrimiento de una nación en un punto de su historia; es el castigo espiritual, castigo que Dios impone a una vida torcida, a una historia no limpia”.

La paz de Franco, que mantuvo el estado de guerra hasta abril de 1948, transformó la sociedad, destruyó familias enteras, rompiendo las básicas redes de solidaridad social, e impregnó la vida diaria de miedo, de prácticas coercitivas y de castigo. La amenaza de ser perseguido, humillado, la necesidad de disponer de avales y buenos informes para sobrevivir, podía alcanzar a cualquiera que no acreditara una adhesión inquebrantable al Movimiento o un pasado limpio de pecado republicano.

La sociedad que salió del franquismo y la que creció en las dos primeras décadas de la democracia mostró índices elevados de indiferencia hacia la causa de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, pese al esfuerzo de bastantes historiadores por analizar aquellos hechos para comprenderlos y transmitirlos a las generaciones futuras. Tras la Ley de Amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977, el Estado renunciaba a abrir en el futuro cualquier investigación judicial o a exigir responsabilidades contra “los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas”.

La guerra fue interpretada como una especie de locura colectiva, con crímenes reprobables en los dos bandos. Durante la Transición, y en la larga década posterior de gobiernos socialistas, no hubo políticas de reparación, jurídica y moral, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. No sólo no se exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba la Ley de Amnistía, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las víctimas y encontrar sus restos.

Por eso no resulta sorprendente que cuando comenzó a plantearse entre nosotros, por fin, casi tres décadas después de la muerte de Franco, la necesidad de políticas públicas de memoria, como se había hecho en otros países, apareciera un enérgico rechazo de quienes más incómodos se encontraban con el recuerdo de la violencia, con la excusa de que se sembraba el germen de la discordia y se ponían en peligro la convivencia y la reconciliación. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el poder, se negaron, y se niegan, a recordar el pasado para aprender de él.

Si la pregunta ya no es qué hacer con los verdugos, la cuestión apremiante es honrar de verdad y de forma definitiva a las víctimas. Y también, ¿cómo debe gestionarse la memoria e historia de aquellos luctuosos años? Aquí la respuesta resulta mucho más compleja. Vivimos en un país con notables desacuerdos y disputas políticas, ideológicas, religiosas y regionales y son muchos quienes usan y abusan de la Historia para conformar o legitimar el presente a su gusto, para disputar cada palmo de territorio político o geográfico.

No hay, ni debe haber, una única visión de la historia de la Segunda República española, de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco. La tarea de repensar continuamente esa historia la tenemos ahí, demandada por muchos ciudadanos. E ilustrar libremente a los ciudadanos sobre su pasado puede traer importantes beneficios en el futuro, siempre y cuando esa educación histórica no se base en la apología de la dictadura y del crimen organizado, como hacen todavía hoy conocidos periodistas, falsos historiadores y políticos de la derecha.

La democracia española necesita una ley que integre las diversas memorias, pero que asuma que sólo las víctimas de la represión de los militares sublevados contra la República y de la violencia de la dictadura de Franco necesitan la reparación moral y el reconocimiento jurídico y político después de tantos años de vergonzosa marginación. Quienes sufrieron la persecución en la zona republicana, desde los excombatientes a los excautivos, pasando por los familiares de todos los asesinados, ya fueron compensados de forma permanente, durante décadas, como vencedores de la guerra, por la legislación franquista.

Una ley que condene a la dictadura y declare ilegítimos a sus órganos represores, desde el Tribunal de Responsabilidades Políticas al Tribunal de Orden Público, y a las sentencias emanadas de ellos. No debería haber ninguna duda en la ilegitimidad de origen de ese sistema de terror institucionalizado, investigado con rigor y detalle en los últimos años por decenas de historiadores.

Las memorias cambian con el tiempo, conforme la sociedad y la política evolucionan, y cambian también sus formas de difusión en los medios de comunicación. Como ocurre con el análisis de la historia, la memoria invita a varias y controvertidas lecturas. Pero el futuro inmediato de la memoria pasa por transmitir esas experiencias de violencia política y de violación de los derechos humanos a nuestros jóvenes, a quienes no formaron parte de esa historia. Cuestión de voluntad política y de educación democrática.


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