Dimitir para defender la causa política

He visto la comparecencia de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Valencia del pasado viernes más de una vez. Ni la complejidad del caso ni la solvente trayectoria política de Mónica Oltra pueden alterar el resultado al que la afectada se verá abocada. Basta acudir a otras situaciones políticas conocidas en el pasado para observar la similitud con la que transcurre la secuencia de hechos. Todas, más allá de las diferencias, sirven para percibir la coincidencia de argumentos que se utiliza para articular la defensa política ante una causa judicial. También permiten observar la obcecada manera en la que se reivindica el derecho a permanecer en activo al margen del desgaste que la situación acarrea para el propio sistema político. Además, no dejan de ser útiles para comprobar que esa firme voluntad de resistir acaba cuando desaparece el apoyo del partido. Algo que no suele tardar demasiado en llegar.

Mónica Oltra se mostró confiada en la multitudinaria rueda de prensa que ofreció la pasada semana y cuyo interés no estaba precisamente en los asuntos de gobierno de la Generalitat Valenciana. Permanecer en el cargo era, a su entender, una postura política coherente, ética y estética. Fue entonces, cuando un sorprendido periodista le preguntó: ¿eso significa que usted no va a dimitir?; “exactamente”, contestó. Un día después, su partido celebraba un acto en el que todos cerraron filas en torno a ella en un ambiente festivo cuyas imágenes no aguantarán el paso del tiempo. También otros y otras han tenido ese tipo de ovaciones justo antes de caer.

Pero, al margen de lo que yo crea que vaya a ocurrir, ¿por qué entiendo la dimisión de Mónica Oltra como la única salida posible? La respuesta es clara: sirve para proteger al Gobierno al que pertenece y solo así se podrá evitar, en los términos que ella misma reivindica, que gane la ultraderecha. Los políticos que se encuentran involucrados en procesos judiciales merecen disfrutar del derecho a la defensa con todas las garantías; pero no pueden pretender hacer a las instituciones rehenes de su propia defensa. Eso es lo que, (in)conscientemente, provocan quienes se encuentran envueltos en dificultades judiciales de cierta envergadura y se empeñan en permanecer en sus cargos destrozando así su propia trayectoria y arrastrando con ellos la reputación de la institución. Algo que solo se explica desde una lógica poco madura absorta en contemplar la vida desde la percepción de uno mismo y sus circunstancias.

La solvencia democrática de una sociedad, conviene recordarlo, no exige garantizar la defensa de la situación particular de quienes asumen responsabilidades políticas. Menos aún si tal defensa supone un desgaste inasumible para las instituciones. Preservar el buen funcionamiento del sistema pasa por hacer responsable a los propios políticos de la misión de preservar con su actuación el proyecto que representan y especialmente la institución en la que desarrollan su actividad. De ahí que la dimisión constituya en ocasiones, y por doloroso que resulte, el (único) servicio honorable que puede ofrecer quien ostenta responsabilidades institucionales a la causa que representa y en la que cree. Mónica Oltra todavía está a tiempo de tomar la iniciativa.