Trabajadores extranjeros

Las carencias del mercado laboral español son múltiples y requieren una solución combinada y multifactorial porque el problema ni es nuevo ni tiene solución inmediata. Hoy hay en torno a 109.000 empleos sin cubrir, según la patronal, que es mucho menos (un 0,7% sobre la población afiliada) que la media europea (2,6%), pero su alza ha sido constante en los últimos años. En la construcción hay 30.000 vacantes y la búsqueda de jefes de obra es casi misión imposible, según las empresas del sector. A la vez, con un 13% largo, España es el país con un dato de paro más elevado en la eurozona: a pesar de su disminución constante, la cifra duplica el promedio europeo. Pero eso no impide que aflore el problema de las numerosas vacantes que los empresarios no logran cubrir.

El borrador del nuevo reglamento de extranjería que prepara el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones da un paso importante e incorpora una buena dosis de ambición para abordar la enorme cantidad de cuestiones pendientes en este ámbito. Casi todo está por hacer porque las contradicciones de nuestro mercado laboral relacionadas con los inmigrantes son muy amplias y tradicionalmente difíciles de gestionar. El borrador del nuevo reglamento de extranjería se asienta en tres pilares: impulsar la contratación de trabajadores en origen (lo que debe permitir planificar mejor y desincentivar las terribles rutas de inmigración irregular); favorecer la regularización de inmigrantes ya instalados que asuman la mejora de su formación con el objetivo final de aflorar la economía sumergida, y posibilitar que los jóvenes extranjeros que estudian en España (algo más de 55.000 personas) dejen de tener prohibido compatibilizar trabajo y estudio.

Los sindicatos mayoritarios han reaccionado a la propuesta del ministro Escrivá con una descalificación ideológica —por “clasista”— y han reclamado con razón un marco negociador con Gobierno y empresarios que los incluya. La protección de los intereses de los trabajadores es compatible con la mejora del sistema en su conjunto, incluida la contratación legal y en condiciones de mano de obra inmigrante para puestos que no cubre el trabajador local. El problema es objetivo y real, y lo es de forma más acusada, en efecto, en ámbitos laborales con menor valor añadido y salarios más bajos —como la agricultura o la hostelería—, pero también en otros de alta cualificación profesional, como en las tecnologías digitales o las energías renovables. Adelantarse a la falta de mano de obra en las empresas y regular las contrataciones en origen, además de fomentar la regularización de los ya instalados en España vía formación profesional, contribuye a la integración social de una migración que no va a desaparecer y compensa tanto la ausencia de mano de obra local como el envejecimiento de la población.

Es verdad que el riesgo de un exceso de focalización de la oferta de los trabajos más duros en los inmigrantes debe ser prevenida a través de controles que garanticen la equiparación de condiciones entre unos y otros, para no tirar a la baja los salarios en un país que hace 10 años ya sufrió una devaluación considerable. La urgencia económica de las medidas es una motivación de peso, pero lo es también facilitar la vida de mucha gente que hoy subsiste bajo un sistema que asume el trabajo mal pagado en negro y niega a la vez los derechos a los trabajadores. Ajustar las medidas de modo que puedan eludirse sus potenciales efectos nocivos podría ser el empeño de una deseable negociación que incluya tanto a empresarios como a sindicatos.