editorial
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La decisión del Rey

Felipe VI y el Gobierno toman medidas para la transparencia democrática de la institución

Felipe VI.
Felipe VI.ANDER GILLENEA (AFP)

La publicación el lunes por parte del rey Felipe VI de su patrimonio y las cantidades que figuran en sus cuentas significa un paso incuestionable hacia la transparencia que buena parte de la sociedad demanda de la institución. Una decisión personal y sin precedentes en España. Al día siguiente, ayer martes, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que reestructura la Casa del Rey con el objetivo de refrendar la iniciativa del Monarca y satisfacer así la exigencia de “transparencia y ejemplaridad” que expresó la Casa del Rey al hacer público el patrimonio. El objetivo final no puede ser otro que mejorar la credibilidad y la aclimatación de la monarquía a una sociedad que exige legítimamente claridad informativa sobre el dinero público, su uso y su destino. Reforzar esa credibilidad de la Corona es la mejor respuesta posible ante la erosión a la que ha sido sometida por el comportamiento del anterior titular, Juan Carlos I, tras el archivo de las causas abiertas por la Fiscalía contra él. El paso dado el lunes por Felipe VI confirma la orientación en el mismo sentido modernizador de otras decisiones adoptadas por él en relación con el funcionamiento interno de su casa: el Rey aprobó una normativa sobre los regalos que pueden aceptar los miembros de la Familia Real y adoptó un código de conducta para el personal que trabaja en la Jefatura del Estado, además de hacer pública información detallada sobre el presupuesto de la Zarzuela, incluidos los sueldos de la Familia Real y sus altos cargos. La decisión de que Juan Carlos I mantenga su residencia en el extranjero tampoco es ajena a Felipe VI.

El decreto aprobado ayer por el Gobierno convierte en normativas para la Corona todas las medidas de transparencia que Felipe VI ha adoptado para su Casa desde que es Rey. Pero además establece por primera vez que el Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar sus cuentas, como hace con el resto de las instituciones del Estado. Esta auditoría externa será remitida a la Casa del Rey —que podrá hacerla pública, aunque nadie ha precisado que vaya a ser a así— pero no al Congreso de los Diputados, como el resto de informes del Tribunal de Cuentas, porque sería inconstitucional según el Gobierno. De acuerdo con el decreto, también se regulan las contrataciones de la Casa del Rey y sus altos cargos deberán publicar su declaración de bienes tanto al principio como al final del desempeño de su cargo, como en el resto de la Administración.

La combinación de la iniciativa del Rey y la del Gobierno acerca a la institución a los estándares de transparencia, eficacia y control exigibles en una sociedad democrática. La norma aprobada no llega a ser en propiedad una regulación de la Corona y no agota el proceso de renovación que necesita la monarquía parlamentaria en materia del estatuto de la heredera o la discriminación en el acceso al trono, ni en el tema central de la inviolabilidad del Rey, asuntos todos ellos que precisan de una reforma de la Constitución, siempre aplazada en este país y a la que no ayuda la polarización exacerbada que vivimos en estos momentos. No obstante, tampoco ayuda en la búsqueda de espacios para el debate entre diferentes que se excluya de información previa sobre cualquier reforma de la Corona a partidos con representación legítima en el Congreso de los Diputados. Felipe VI es rey de todos los españoles, también de aquellos que políticamente aspiran a otra forma de Estado. El día de su proclamación, Felipe VI expresó ante las Cortes su creencia en “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”. Siete años después de su proclamación en 2014, Felipe VI ha reforzado a la institución con medidas coherentes con ese objetivo.

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