Ultras en el Gobierno

La ultraderecha ya gobierna en una parte de España por vez primera desde el final de la dictadura, tras la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. Y lo ha conseguido gracias a un PP que acaba de renovar su liderazgo con una buscada imagen de moderación mientras avala como aliado a un partido que volvió a evidenciar en el debate en las Cortes de Valladolid su discurso populista, reaccionario, antifeminista, negacionista del cambio climático y dispuesto a acabar si puede con el Estado autonómico y derogar el Título VIII de la Constitución. Desde que Vox comenzó su ascenso tras entrar en el Parlamento andaluz a finales de 2018, el PP ha sido incapaz de resolver su relación con el proyecto excluyente y retrógrado de la ultraderecha, y ha oscilado entre posiciones tan distintas como el “no somos como ustedes” de Casado, que quedó en nada, y el cogobierno “sin complejos” del que hizo gala Mañueco este lunes.

Esto no va de Castilla y León exclusivamente, en contra de lo que Mañueco dijo en la tribuna de oradores. Independientemente de las siguientes citas electorales, el equilibrismo que ha mostrado esta vez el PP ante una ultraderecha que hace gala de mantener íntegros sus objetivos no parece el camino idóneo para limitar los destrozos que puede causar su presencia en un Ejecutivo. Los populares quieren en Castilla y León cuadrar el círculo de intentar compatibilizar las leyes de “violencia intrafamiliar” y “concordia” que les exige su socio con las normativas ya existentes sobre violencia de género y memoria histórica, que Vox desea derogar. No se trata de nuevas leyes que amplíen derechos sin más, sino que vienen a enmendar conceptos básicos que vertebran las anteriores. Es difícil que convivan iniciativas que responden a proyectos radicalmente distintos sin que se produzca un retroceso en derechos y sin corroer la propia dinámica del sistema. Mañueco ha dejado en el aire para qué son necesarias nuevas leyes si una busca indisimuladamente diluir la violencia de género y otra intenta sustituir una norma que ya ampara a todas las victimas de la Guerra Civil. Alusiones como las que hizo el mandatario popular en su discurso a “la inmigración ordenada” o a la educación “libre de todo adoctrinamiento ideológico” no dejan de ser el eco de la música ultra, insólitas en boca del dirigente de un partido que ha gobernado en España y casi 35 años en Castilla y León. Porque la pregunta es: ¿se arrepienten de lo que hicieron cuando estuvieron en La Moncloa? ¿O de lo que han hecho en todas estas décadas en la comunidad que presiden?

El PP ha puesto en bandeja a Vox una de sus prioridades para llegar al Ejecutivo de la nación: ganar respetabilidad para que se lo vea como un partido que puede gobernar. En ese blanqueamiento le acaba de facilitar un primer paso clave, el de convertir en políticas viables algunas medidas que incluso desafían la ejecución pública de los populares. Con las elecciones andaluzas próximas y a un año de las autonómicas y municipales, la posición de Feijóo ante las reclamaciones y la gestión de su aliado en Castilla y León será relevante para entender hasta qué punto está dispuesto a apoyarse para presidir el Gobierno en un populismo que ya ha manifestado que no va a renunciar a objetivos que cuestionan el sistema actual. El PP sigue dejando esa puerta abierta. Feijóo ha avanzado su intención de asistir el martes a la toma de posesión de Mañueco, donde Santiago Abascal procurará obtener la foto que persigue. Ocurrirá cinco días antes de que, en Francia, Marine Le Pen, a quien el presidente de Vox felicitó por su resultado en la primera vuelta, aspire a un triunfo que cuestionaría la misma esencia de Europa. Desde la derecha de Los Republicanos a toda la izquierda, en Francia se pide ya impedirlo. Aquí, en España, el PP tiene ante sí una cuestión crucial: aliarse con los ultras para ganar a la izquierda y recuperar el poder a cualquier precio o resistir y mantener sus valores de centroderecha. En Castilla y León ha empezado a responder en línea contraria a los países europeos con los que nos medimos.