PP: Cierre en falso

El aspirante popular a la reelección como presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se dispone a iniciar mañana la ronda de contactos con otras formaciones para intentar sumar los 10 escaños que le faltan para ser investido. Si las urnas le fueron esquivas al ganador de esos comicios —convocó elecciones anticipadas para el magro resultado de dos escaños más de los que tenía—, la guerra fratricida que vive su partido lo deja en situación de extrema debilidad. Se enfrenta a la negociación más delicada emprendida nunca por un dirigente del PP, porque se trata de decidir si se abre la puerta de un Gobierno y de un boletín oficial a Vox, la extrema derecha española emparentada con la derecha radical que en Occidente está poniendo en jaque a las democracias liberales.

Difícilmente puede presentarse como un partido fuerte de Gobierno el que tiene al frente a dirigentes bajo sospecha de corrupción o incapaces de gestionar una crisis interna de rivalidad y liderazgo hasta provocar su estallido público con ribetes tabernarios. La crisis ha sido retransmitida en directo a toda la población, pero ahora pretende cerrarse pidiendo a los abochornados espectadores un acto de fe. Ni se presentaron pruebas del supuesto espionaje ni se han presentado de la presunta corrupción, aunque se ha admitido que el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso ganó dinero de un contrato adjudicado por su Gobierno. Es más, las explicaciones, que no pruebas, sobre esa ganancia dejan más sombras que luces.

La guerra estalló ante las cámaras, pero la tregua se ha fraguado entre bambalinas. En 24 horas, Pablo Casado ha pasado de decir que “la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas al día, se pueda contratar con tu hermana y recibir un beneficio de 286.000 euros por vender mascarillas” a dar por buenas las explicaciones que, según cuenta, le ha ofrecido Ayuso en una reunión que ella ha calificado, sin embargo, de “infructuosa”. ¿Qué documentos ha visto Casado que no podemos ver los demás? ¿Basándose en qué procedimiento interno, con qué garantías, se va a cerrar el expediente que se le abrió a la presidenta madrileña? ¿Qué concepto autocrático de la justicia permite a un presidente abrir y cerrar una investigación sin más evidencias para los demás que su palabra? ¿Y en qué ha quedado la denuncia de espionaje? Lo más asombroso es que nadie en el partido reclame esas explicaciones, como si fueran menores los presuntos delitos que se reprocharon o como si no importaran.

Conclusión: no sabemos los verdaderos términos del armisticio, si es que puede llamarse así, pero Pablo Casado sale absolutamente desautorizado y Díaz Ayuso sale bajo sospecha de corrupción. A la espera de lo que decida la Fiscalía sobre esos cobros, lo que queda claro es que los límites entre lo público, lo privado y la ejemplaridad son elásticos para la presidenta madrileña, y ahora también para el presidente del partido.

Quedan otras dos incógnitas por resolver. A lo largo de los próximos días iremos conociendo todos los detalles de lo que ha pasado en estas 24 horas que le torcieron el brazo a Casado. Qué revuelta interna hubo de enfrentar, y de qué envergadura, para haber cambiado de opinión de forma tan radical. Otra incógnita es si entregará la cabeza de Teodoro García Egea, muy cuestionado desde hace tiempo. Entre los daños colaterales de todo este episodio está la alcaldía de la capital de España. El alcalde no ha explicado todavía por qué ha dimitido o ha cesado un alto cargo relacionado con un espionaje que el primer regidor negó. El destrozo alcanza a todos.

El daño que se están haciendo los populares se lo hacen también a la credibilidad de la política española, que no puede presentar como credencial de alternancia política a un partido en estado de implosión a la vez que alimenta en su derrumbe a la extrema derecha. Vox es el auténtico ganador de la batalla, no solo porque pueda recoger votantes desencantados del PP; también porque estos comportamientos en partidos que aspiran a gobernar un día España alimentan las pulsiones antisistema. Los dirigentes del PP están obligados a arbitrar un procedimiento transparente y reglado para solventar las dudas de fondo y las consecuencias políticas para los protagonistas de esta crisis monumental. Es lo que exige el respeto a sus votantes y a la democracia española, que necesita urgentemente que el principal partido de la oposición ejerza su función con credibilidad.