¿Subvencionar las nucleares? No, gracias

La energía nuclear no representa ninguna solución realista para hacer frente al cambio climático, ni siquiera en el proceso de transición energética hacia el objetivo emisiones cero a mediados de siglo para cumplir los compromisos internacionales y evitar un cambio climático catastrófico.

En primer lugar, porque lejos de lo que a menudo se dice, la energía nuclear también emite gases de efecto invernadero, especialmente en el proceso de extracción y procesamiento del uranio. Mucho menos que los combustibles fósiles, sí, pero nada desdeñable.

Además, conlleva otros peligros como el riesgo de emisiones radiactivas por fugas y accidentes nucleares, que vienen sucediendo no solo en países de dudosa seguridad, como fue el caso de la planta soviética en Chernóbil (1986), sino también en los tecnológicamente más avanzados. Recordemos los accidentes nucleares en Three Mile Island (Estados Unidos, 1979) o en Fukushima (Japón, 2011), así como muchos otros episodios, incluido el cierre de Vandellós I en España, en 1989, a causa de un incendio, que a punto estuvo de provocar una catástrofe. Demasiados accidentes para unos pocos centenares de plantas nucleares en todo el mundo.

Por si fuera poco, sigue sin estar resuelta —y no parece que tenga solución— la cuestión de los residuos, que seguirán siendo un problema de contaminación radiactiva durante miles de años. ¿Qué derecho tenemos las generaciones presentes a dejar una herencia tan tóxica a las generaciones futuras por utilizar la energía nuclear para generar una electricidad que podemos obtener hoy a través de otros procedimientos menos costosos, más seguros y sostenibles?

Efectivamente, el desarrollo de las energías renovables está siendo imparable. Los datos de Red Eléctrica Española indican que en 2021 las renovables en España han producido más electricidad que la nuclear y el gas juntos. La energía eólica es la tecnología que más electricidad ha aportado, una cuarta parte del total, llegando en algunos momentos a alcanzar 21.130 megavatios de potencia de generación (dato del pasado 5 de diciembre) o a aportar el 83,6% de la demanda instantánea del sistema eléctrico peninsular (a las 3:03 del pasado 28 de diciembre). Lo nunca visto. La solar fotovoltaica, con una aportación del 8% en 2021, ha doblado su presencia. Especialmente interesantes son las previsiones del autoconsumo, con instalaciones renovables en hogares y empresas, cuya potencia instalada en 2030 será superior a la nuclear, abaratando considerablemente el coste de la electricidad. El sol y el viento no sólo no emiten gases de invernadero, sino que son recursos renovables y autóctonos, a diferencia del uranio, gas y petróleo que España tiene que importar con un enorme coste.

Lo relevante no es si se abre o no un debate sobre la energía nuclear. Bienvenido el debate, siempre que sea con datos avalados por la ciencia. Lo que falta precisar es de qué debate se trata. Si estamos hablando de nuevas plantas nucleares —lo que no parece realista ni viable económicamente— o de desviar a la energía nuclear los fondos, públicos y privados, que deberían destinarse a la transición ecológica y el desarrollo de renovables. Desvío imposible de justificar considerando los daños reales y potenciales de la energía nuclear sobre la salud, el medio ambiente y la biodiversidad, que los fondos europeos están en principio destinados a proteger.

En España ni hay ni se espera ningún nuevo proyecto de inversión nuclear, ya que sus costes son prohibitivos, multiplicando los de cualquier otra instalación energética, con largos períodos de construcción y de amortización económicamente inviables, como demostró la única experiencia europea de una nueva instalación nuclear en lo que va de siglo. La construcción de la central finlandesa Olkiluoto duró más de 10 años y costó más de 6.000 millones de euros. Lo que hay en España es un calendario de cierre de nucleares entre 2027 y 2035 acordado con las empresas. Acuerdo que ninguna de ellas por ahora reclama seriamente reconsiderar por la sencilla razón de que las cuentas no salen, ni siquiera para el alargamiento de su vida útil, que requeriría grandes inversiones, sin despejar los riesgos de inseguridad.

Por eso no es de extrañar que Alemania no solo haya mantenido su calendario de abandono de la energía nuclear, sino que incluso Merkel lo adelantó tras el desastre de Fukushima y el nuevo Gobierno lo esté acelerando. Hay quien opina que Francia, donde la nuclear es predominante, es un ejemplo a seguir, porque aparentemente consigue abaratar los costes de la electricidad. Pero esto es falso. La apuesta francesa obedece a la dependencia nuclear de su sistema eléctrico, lo que lo hace especialmente vulnerable. Su electricidad no es tan barata, en las últimas semanas está más cara que en España. A diferencia de lo que algunos dicen, importa más electricidad de origen español de la que exporta. Las previsiones de organismos como OMEL, operador que gestiona el mercado eléctrico, anuncian que para 2025 el precio de la electricidad en España rondará los 50 euros por megavatio hora, más barato que en Francia, donde costará entre 60 y 70.

Este futuro más favorable se debe a la apuesta española por las energías renovables. El aumento de los precios de la electricidad no ha sido la consecuencia de la transición energética hacia las renovables, sino todo lo contrario. Es el aumento de los precios de los combustibles fósiles, como el gas, junto a una regulación fallida sobre asignación de precios. Regulación basada en un sistema marginalista de subasta que remunera a todas las tecnologías por su electricidad aportada según sea el precio de la última tecnología que entra a suministrar electricidad en cada momento, es decir la más cara, el gas. Eso es lo que está encareciendo la electricidad. Encarecimiento que irá a más en el futuro si no se modifica el sistema de regulación de precios y si las economías no se liberan de la dependencia de los combustibles fósiles. Si las renovables no se hubieran expandido, la electricidad sería todavía más cara y sólo se abaratará de verdad cuando el autoconsumo y el almacenamiento de la generación renovable avancen lo necesario.

Desde el punto de vista del empleo, la energía nuclear no tiene ya nada nuevo que aportar. En cuanto a la pérdida de empleos, en un escenario de cierre nuclear escalonado como el previsto sus efectos se verán mitigados considerando la cantidad de mano de obra adicional empleada en los largos procesos de desmantelamiento y las posibilidades de gestionar el cierre con criterios de transición justa. Habrá que poner en marcha los Convenios de Transición Justa para promover nuevas actividades energéticas —y no sólo energéticas— en los territorios afectados. Como se está haciendo en las zonas afectadas por el cierre de las minas y las térmicas de carbón y de la central nuclear de Garoña, donde se va a crear más empleo que el que se pierde. Son las renovables y demás medidas que acompañan las políticas de transición energética las que están creando miles de nuevos empleos. Se espera puedan alcanzar los 300.000 en este mismo decenio.

Ni las inversiones privadas que tengan el apelativo de “verdes” ni mucho menos las públicas derivadas de los fondos Next Generation de la UE deberían desviarse, por tanto, a financiar ningún tipo de ayuda a la energía nuclear, porque no es segura, ni verde, ni sostenible, ni tiene futuro; sino a promover las energías renovables, el ahorro, la eficiencia, el autoconsumo y el almacenamiento de la generación renovable, que son las buenas opciones para un sistema energético más justo y sostenible que evite un cambio climático catastrófico.