Un precio demasiado alto

La búsqueda del acuerdo político entre dos partidos implica aceptar renuncias. Las concesiones pueden merecer la pena si el resultado concita una mayoría más amplia que la que puede ofrecer un único partido. La cuestión, como ya imaginan, está en saber ponderar con mesura y acierto cuándo el precio a pagar es asumible porque el resultado final sigue siendo valioso y cuándo el precio es tan alto que convierte el acuerdo resultante en poco recomendable. Este es el verdadero dilema sobre el que nos interpela la renovación del Tribunal Constitucional. Una institución que constituye, conviene tenerlo presente, uno de los elementos vertebrales del sistema.

La Comisión de Nombramientos del Congreso analizó hace unos días las candidaturas consensuadas por el PP y el PSOE para renovar a cuatro miembros del citado Tribunal. El procedimiento seguido para acordar los nombres solo podría dar resultados virtuosos si el reclutamiento se hace entre quienes acrediten la mejor capacitación técnica, además de una trayectoria profesional reconocida. Sin embargo, la mecánica resulta perversa si el propósito se orienta a encontrar al candidato dentro del caladero de los afines y sin demasiado control sobre el alcance y la relevancia de su desempeño profesional. El resultado en esta ocasión parece claro. Los candidatos no son los mejores posibles entre el talento que ofrece el país, ni sus aportaciones jurídicas les convierten en ese ideal de referente al que debería aspirarse para el Tribunal Constitucional. Pero, siendo esto ya decepcionante, no es lo peor. Las informaciones conocidas sobre uno de los candidatos permiten afirmar que no cumple ni siquiera el mínimo de decoro que exige ostentar tan alta magistratura.

El Congreso de los Diputados tiene que ratificar esta semana la propuesta de nombramiento de los candidatos ya examinados. No todas las candidaturas merecen el mismo juicio crítico, como quedó de manifiesto en la citada sesión parlamentaria. Los puntos ciegos que expuso con dureza y acierto Odón Elorza a la candidatura de Enrique Arnaldo sí fueron muy pertinentes como luego ha confirmado la realidad de los hechos probados. Tanto es así que lo publicado estos días sobre la peculiar vida laboral de Enrique Arnaldo sería suficiente para que el partido que apoya su candidatura buscara una alternativa más adecuada. Nada invita a pensar que vaya a ocurrir. Tampoco que el afectado renuncie. Precisamente por eso, el PSOE no puede ignorar su responsabilidad refugiándose en la falta de reparo a los candidatos de su cuota. La explicación, en esos términos, solo enfatiza las miserias que esconde el trasfondo del propio pacto.

Por todo lo expuesto, los diputados y diputadas llamados a participar en la votación que tendrá lugar el jueves no pueden abstraerse de la información que ya se conoce y que necesariamente debe formar parte también de los argumentos que orienten con su voto la decisión final. La vida parlamentaria no transcurre en una especie de realidad virtual que pretenda encontrar siempre justificación en lógicas políticas de difícil aceptación en el mundo real. Valoren seriamente si el precio a pagar por la renovación del Tribunal Constitucional merece la pena. Yo, honestamente, no lo creo.