Editorial
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Obligatoriedad selectiva

Siempre es más eficaz la persuasión que imponer la vacunación ante el reto de lograr la inmunidad frente al virus

Personas hacen la cola para vacunarse en la Ciudad de las Artes en Valencia, el pasado 16 de agosto.
Personas hacen la cola para vacunarse en la Ciudad de las Artes en Valencia, el pasado 16 de agosto.Jorge Gil / Europa Press

El 73,9% de los ciudadanos ha recibido ya la pauta completa de vacunación y se han cumplido por tanto los objetivos fijados. Hasta ahora se estimaba que con el 70% de la población vacunada, el nivel de inmunidad colectiva sería suficiente para frenar el virus. Pero no ha sido ni parece que vaya a ser así. La variante delta ha complicado las cosas y ahora se estima que será necesario superar el 90%, un porcentaje más difícil de alcanzar.

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Estos datos han empujado al primer plano en Europa el debate sobre la obligatoriedad selectiva de la vacunación. Algunos países, como Italia o Francia, la han establecido para determinados colectivos, como los sanitarios. En Italia la exigencia de un certificado vacunal o pruebas negativas de covid-19 para los docentes ha causado una gran polémica. El Consejo Constitucional francés ha avalado tanto la vacunación obligatoria como el certificado vacunal, contestado en la calle con movilizaciones. En España, algunas autonomías han planteado medidas semejantes, rechazadas por los tribunales, pero eso significa que el debate está ya en la calle y en los medios.

Contra lo que a menudo se cree, nadie está defendiendo una vacunación forzosa para inmunizar a la población contra su voluntad. La discusión sí busca medir la legitimidad de reclamar a determinados colectivos la obligación de vacunarse, bajo amenaza de sanción o de pérdida del empleo. Una medida de este tipo podría tener encaje constitucional en España en una situación de excepcionalidad y siempre que se demostrara que es una medida proporcionada al riesgo que se quiere evitar. La Ley de Bases de la Sanidad Nacional prevé esa posibilidad y existen antecedentes jurídicos, como el caso de un juez de Granada que obligó a vacunar a 35 niños para frenar un brote de sarampión.

La pandemia ha exigido medidas excepcionales, como el toque de queda o el estado de alarma, que han limitado los derechos individuales. En el caso de algunos sectores especialmente vinculados a la sanidad podría considerarse una medida de carácter también excepcional que frenase de forma significativa el riesgo de transmisión. De la seguridad de esos sectores depende también la vida de otras personas. Es verdad que esta premisa sería más clara si la vacuna fuera totalmente eficaz contra la transmisión del virus, pero no es así. Es muy eficaz contra el riesgo de hospitalización y enfermedad grave en quienes han recibido la pauta completa, pero las personas vacunadas pueden infectarse y transmitir el virus. El riesgo persiste.

Tampoco son muchas las alternativas para preservar con la obligatoriedad el bien mayor colectivo frente a la limitación en los derechos individuales. Sin embargo, un peligroso efecto colateral de la obligatoriedad selectiva podría ser el fortalecimiento del movimiento antivacunas, poco relevante en España, y podría atraer a colectivos movilizados contra cualquier imposición. No es simple ni clara la defensa de una u otra posición, pero siempre es más eficaz la persuasión convincente que la imposición a palo seco. La mayor imposición en este último año y medio ha sido la de un virus altamente contagioso que ha obligado a medidas excepcionales. Es su misma eficacia de transmisión la que aconsejaría la aplicación exquisitamente cuidadosa de una obligatoriedad selectiva. La alta tasa de vacunación infantil en España, que ha sido siempre voluntaria, podría ser un indicador útil sobre el modo de proceder con este otro tipo de vacunación preventiva y de emergencia.


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