Bajar la tensión
El fútbol no puede permitirse los conflictos constantes de sus dirigentes
El declive de la potencia económica del fútbol español era un hecho desde hace tiempo, y ha acabado por desvelarse abruptamente en pocos meses. El fracasado intento de los grandes clubes de fundar por su cuenta un nuevo reino de la abundancia con la elitista Superliga europea desató todas las hostilidades. El movimiento posterior de LaLiga, la patronal de los clubes españoles, de buscar la inyección económica de un fondo de inversión desencadenó una guerra total. Y, en medio, la escena que sintetiza la decadencia: la marcha de Messi, un trauma para el barcelonismo y un golpe al prestigio de todo un campeonato que durante 15 años acaparó las grandes estrellas mundiales.
El acuerdo de la LaLiga con el fondo británico CVC, aprobado ayer con solo cuatro votos en contra, es un modo de buscar liquidez inmediata a cambio de hipotecar parte de los beneficios a largo plazo. Los clubes se repartirán entre 2.100 y 2.667,5 millones —dependiendo de cuántos queden descolgados definitivamente— por ceder algo menos del 9% de las ganancias del torneo durante 50 años. Entre los que se han desvinculado del acuerdo están el Madrid y el Barça, tan rivales en el campo como hermanados por algunos intereses comunes. Ambos, como el Athletic, que tampoco es sociedad anónima, sostienen que será un pésimo negocio. También se desmarcó el Oviedo.
En la pugna se mezclan lo económico y lo deportivo con las viejas rencillas personales enquistadas en la cúpula de nuestro fútbol. Las alianzas son cambiantes. La Federación, en primera línea de resistencia contra los grandes cuando se planteó la Superliga, se ha sumado ahora al Real Madrid y al Barça en su oposición a la LaLiga. El debate ha alimentado todo un espectáculo, entre guerras de comunicados, tuits encendidos, filtraciones y denuncias judiciales.
La pandemia ha causado estragos en el negocio del fútbol en todo el mundo y de forma más dramática en el nuestro, al que sorprendió ya renqueante tras años de excesos. Los ingresos de la LaLiga han caído en 2.000 millones desde que se cerraron los estadios y las deudas de los clubes han aumentado en más de 700. Solo el Barcelona ha cifrado en 487 millones sus pérdidas en 2020. Por primera vez en mucho tiempo, competiciones como la italiana o la alemana gastan más en fichajes que la española. La distancia con la Premier League es astronómica: entre los seis mayores clubes británicos han invertido ya cinco veces más que todos los españoles juntos.
El fútbol es un importante activo económico —supuso el 1,37% del PIB en 2019— y un eficaz difusor de la imagen del país en el mundo, amén de congregar a millones de aficionados. La pandemia le ha dejado secuelas y la competición se iniciará todavía con aforos reducidos. Son razones muy obvias para exigir responsabilidad a sus dirigentes. Las diferencias pueden discutirse con rigor y discreción, sin derivar en una pelea de gallos. Hace falta un gesto pacificador y ahí el Gobierno —hasta ahora al margen de la refriega— puede encontrar su papel. No sería la primera vez que el Consejo Superior de Deportes (CSD) interviene para sosegar las guerras del fútbol. La actual está esperando que alguien acuda con un poco de agua para calmar el fuego.
