Pasaporte hacia la normalidad

El certificado digital covid de la UE ha logrado un éxito tan inesperado como rotundo en términos de difusión —más de 300 millones emitidos hasta ahora— y de revitalización de la movilidad dentro de la Unión. El documento permite verificar rápidamente si un viajero ha sido vacunado, dispone de un test negativo o ha superado la enfermedad. Las líneas aéreas reconocen que, a pesar de sus dudas iniciales, el llamado “pasaporte de vacunación” se ha convertido en un instrumento esencial para la recuperación del sector durante este segundo verano de pandemia. En julio, el tráfico en los cielos aumentó ya un 20% y, siempre que la pandemia lo permita, se espera que el ascenso continúe.

Se trata del tercer éxito de la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen, tras la puesta en marcha de un fondo de recuperación sin precedentes (800.000 millones de euros) y de la coordinación de una estrategia común de vacunación que tras los tropiezos iniciales, más achacables a las farmacéuticas que a Bruselas, ha alcanzado una velocidad de crucero considerable hasta colocar a varios países europeos, entre ellos España, a la cabeza de la clasificación mundial en vacunas per capita.

En el caso del certificado, su creación no estuvo exenta de polémicas ni del rechazo inicial de varios países, con la Alemania de Angela Merkel en cabeza, por temor a que se interpretase como una manera subrepticia de hacer obligatoria la vacunación. Berlín y otras capitales temían no solo el rechazo de los movimientos antivacunas, sino también de aquella parte de la sociedad civil que vela por evitar un recorte de las libertades y de los derechos individuales con la coartada de la crisis sanitaria.

Pero el proyecto se abrió paso rápidamente y desde el 1 de julio, cuando entró en vigor, el certificado se ha convertido en un documento casi imprescindible para viajar y crecientemente necesario para muchas otras actividades. Siempre y cuando se respeten las normas europeas y nacionales, el uso del certificado es un instrumento legítimo para recuperar la movilidad y mejorar la seguridad en cualquier recinto donde sea inevitable la presencia de personas que no conviven habitualmente, como restaurantes, hoteles, conciertos, conferencias o museos.

El fallo del tribunal constitucional francés de esta semana muestra que incluso el Gobierno de Emmanuel Macron, que es el que más lejos ha ido en las medidas para forzar la vacunación con una exigencia del certificado para numerosas actividades, ha actuado dentro de los marcos legales de su país. Ese tipo de veredictos debe ser la guía para el uso del certificado covid-19, cuya aplicación debería ser proporcional, limitada en el tiempo y siempre sometida a un riguroso control judicial.

Las sociedades tienen derecho a defenderse de las amenazas y los gobiernos la obligación de movilizar todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar la protección de sus ciudadanos. Pero conviene no olvidar que en las grandes crisis, y la covid-19 lo es, siempre surge la tentación de sacrificar ciertos principios en aras de una solución pragmática a corto plazo. En tal coyuntura debe primar el convencimiento de que el respeto a los valores fundamentales de la UE no es un obstáculo sino el camino de la solución más legítima y sostenible. La presencia en la Unión de gobiernos como el húngaro de Viktor Orbán o el polaco bajo la batuta de Jaroslaw Kaczynski, proclives a castigar a ciertos grupos de población por su orientación sexual, muestra que más vale mantener muy alto el listón frente a cualquier tipo de discriminación, por bienintencionada que parezca.

Pero el riesgo de deriva autoritaria en algunos países no debe ser óbice para que los Estados europeos exploten todo el potencial de un certificado que, bien utilizado, puede ser el pasaporte hacia la tan añorada normalidad. O, al menos, la vía hacia un marco de relaciones personales, sociales, laborales y económicas anclado en la mayor seguridad posible frente a un coronavirus con el que tocará convivir durante un periodo indeterminado.