Lógica reforma para los jóvenes inmigrantes

El Gobierno parece decidido a reformar el reglamento de Extranjería para facilitar las autorizaciones de residencia y trabajo a los menores extranjeros que llegan solos a España y, sobre todo, para permitir que esos niños puedan residir y trabajar legalmente cuando se hacen mayores. Las trabas actuales son notables y la doctrina del Supremo ha complicado aún más los trámites. La reforma, liderada por la Secretaría de Estado de Migraciones, espera ahora el dictamen del Consejo de Estado y tendrá que aprobarse por real decreto en el Consejo de Ministros. Se trata de una iniciativa que va en la dirección correcta para superar ciertas complicaciones inaceptables para los menores y, además, la paradoja de que el Estado que los acoge y forma —de acuerdo con un imperativo legal y moral— obstaculiza después que puedan vivir y trabajar en España. La misma Administración, en paralelo a un esfuerzo loable, precipita situaciones de irregularidad, marginalidad y explotación laboral que dañan a los afectados, alimentan propaganda maliciosa y desaprovechan cualidades.

Cada vez tienen más eco las voces que piden que se les devuelva a su país. Pero, de iure y de facto, este proceso es sumamente difícil, por la nula colaboración de los países de origen, entre otros motivos. Tampoco faltan las voces que recuerdan la alta tasa de desempleo juvenil, pero también olvidan que estos jóvenes aprenden oficios en sectores que demandan mano de obra. Facilitar que se regularicen, además, no supone regalarles los papeles —seguirá habiendo requisitos rigurosos— y mucho menos garantizarles un empleo. Se trata apenas de que puedan optar a él.

A partir de esa base, tiene una lógica contundente que niños que se han instalado en España y que han sido formados puedan después trabajar. Que la inversión fructifique para ellos mismos y la sociedad de la que ya forman parte. La medida beneficiará aproximadamente a 8.000 menores y otros 8.000 jóvenes de entre 18 y 23 años, un 0,7% de los casi 2,6 millones de extranjeros extracomunitarios que residen en España.

La materia desata comprensibles debates, y los hay dentro del propio Gobierno. El Ministerio del Interior señala el riesgo de efecto llamada. El argumento tiene su lógica —a más facilidades, más atracción— pero no hay datos claros que lo sostengan. La realidad muestra en cambio que las dificultades en destino no desincentivan la migración. En cualquier caso, no valen teorías generales. Este parece un caso claro en el que es sensato aliviar ciertas restricciones. Es hora de abordar la cuestión migratoria sin prejuicios ideológicos, de acuerdo a derecho, y con pragmatismo, en el contexto de una sociedad con considerables desafíos demográficos.