Se debe devolver el Gobierno de Haití al pueblo

El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el 7 de julio, dista mucho de ser la única muerte en el país que debe importar en este momento. En Haití ya nadie le dice a otra persona que tenga cuidado porque la catastrófica inseguridad ha transformado el hecho de salir de casa en una ruleta rusa.

Solo una semana antes del asesinato del presidente Moïse, una defensora de los derechos humanos y un periodista fueron asesinados junto con al menos otras 17 personas. Cientos habían perdido la vida antes de estos hechos, y más de 1,5 millones están directamente afectadas por la crisis actual, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH). Aunque el asesinato profundiza las preocupaciones de seguridad y la inestabilidad, lo cierto es que el Gobierno de Haití había fracasado ya en sus funciones esenciales. Sin una vía constitucional clara para gestionar el vacío institucional anterior a la muerte de Moïse, es la población de Haití la que debe decidir el camino a seguir.

El Parlamento de Haití no está funcionando desde enero de 2020. El presidente ha sido asesinado, pero lo cierto es que la legitimidad de su mandato, pasado el 7 de febrero de este año, era muy cuestionada. Aunque Claude Joseph parece mantener las riendas del poder, no hay un primer ministro claro. Moïse había designado al neurocirujano Ariel Henry para sustituir el 5 de julio a Joseph, quien reconoció su destitución, pero Henry aún no había tomado posesión de su cargo formalmente.

El Tribunal Supremo de Haití también ha dejado de existir en la práctica. Solo le quedan seis jueces tras el reciente fallecimiento de su presidente, la existencia de dos vacantes prolongadas y la destitución ilícita de tres jueces por parte del presidente Moïse en febrero. Ese número es insuficiente para juzgar ciertas causas, entre ellas las que implican cuestiones de constitucionalidad. El 3 de julio, el Consejo Superior del Poder Judicial, —entidad gubernamental responsable de velar por la integridad e independencia judiciales— también dejó de funcionar. Sin una presidencia que pueda garantizar el funcionamiento de los tres poderes del Estado, y ante el colapso resultante también, los procedimientos constitucionales para sustituir al presidente asesinado no pueden ejecutarse.

Así, cualquier camino a seguir es una ruptura con la Constitución de Haití y con los principios democráticos que prevén una transferencia ordenada del poder compatible con el Estado de derecho. No obstante, hay aspirantes que afirman tener derecho a gobernar y hablan de intervención extranjera. Estas son las respuestas equivocadas para Haití. Son, además, ilegales y constituyen violaciones a los derechos de la población haitiana a la libre determinación, a la gobernanza democrática y a un sistema de leyes que funcione. De hecho, la historia de este tipo de intervenciones es en gran medida la responsable del vaciado de las instituciones de Haití.

Lo que Haití necesita es romper con las fallidas estructuras impuestas desde el exterior y hacer —quizá por primera vez— que el pueblo haitiano ocupe un lugar central en su Gobierno. La sociedad civil haitiana identificó hace tiempo que un camino a seguir significativo exige un periodo de transición que aborde no solo la crisis democrática inmediata, sino también los desafíos estructurales subyacentes que han obstruido la democracia en el pasado. Muchos de estos factores que impulsan la inestabilidad son vestigios de injerencias extranjeras y de su resultante centralización del poder. Por tanto, reviste especial importancia que, al diseñar un mecanismo de transición que consagre de verdad el Gobierno del pueblo, las consultas incluyan a toda la población haitiana, no solo a las élites de Puerto Príncipe.

Gran parte de la comunidad internacional se ha negado a reconocer las demandas de un Gobierno de transición planteadas por el pueblo haitiano. A pesar de la insoportable situación de inseguridad y de un consejo electoral que incluso la Organización de los Estados Americanos ha reconocido como ilegítimo, algunos actores externos, como Estados Unidos, han seguido pidiendo elecciones este año. Esto equivale a pedir un conjunto de poderes provisionales inconstitucionales para celebrar un simulacro de elecciones de las que no cabe esperar que empoderen a la población haitiana para elegir al Gobierno, y que podrían afianzar aún más las profundas deficiencias institucionales. Esto no es un camino a seguir democrático, sino exactamente el tipo de intervenciones nocivas que han generado algunos de los desafíos a los que hoy se enfrenta Haití.

La sociedad civil de Haití ha dejado claro que el pueblo quiere un camino de transición. Las potencias extranjeras deben desistir de interferir y reconocer que la solidaridad con el pueblo haitiano pasa por apoyar lo que líderes y lideresas haitianos definen como el camino a seguir democrático. Igual importancia tiene que, en este momento de tensión, todos los actores garanticen la protección de la población civil, y especialmente de los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil, así como del personal sanitario, que no solo pone en peligro su seguridad por tratar a víctimas de la violencia sino que también sigue luchando contra la pandemia de covid-19.

El pueblo haitiano —que izó la primera bandera para hacer frente a la esclavitud humana— merece la oportunidad de recuperar y rehacer su Gobierno.

Mario Joseph es director gerente de Bureau des Avocats Internationaux, una firma pública de abogados comprometida con la defensa de los derechos humanos en Haití.