Los seguros públicos también redistribuyen renta

Bajo el paradigma neoliberal, que clamó victoria en los años noventa, la globalización permitiría un crecimiento sostenible y “la nueva economía” prometía un futuro ya sin ciclos económicos. En ausencia de restricciones materiales agudas, la pobreza iría desapareciendo y la desigualdad dejaría de ser un problema económico o político si las diferencias de renta respondían a la lógica de un entorno meritocrático. No habría servidumbres estructurales ni crisis temporal que no pudieran resolverse mejorando la empleabilidad de la ciudadanía. La redistribución de la renta pasaría a ser superflua y la regulación de los sectores, una misión imposible en mercados globales. Además, los seguros públicos universales estarían generando problemas de riesgo moral, desincentivando el empleo para los beneficiarios de los programas públicos, y la necesaria consolidación de los mercados globales exigía revisarlos, al igual que los sistemas tributarios.

Ahora bien, la crisis de la covid-19 ha comenzado a canalizar una revisión de tal paradigma. La expansiva política monetaria, pero especialmente fiscal, dan buena prueba de esta revisión del debate, de manera singular en Europa, donde ese impulso presupuestario se ha acordado de manera mancomunada. Asimismo, los recientes acuerdos en materia tributaria a escala internacional para fijar un tipo mínimo para los beneficios empresariales adelantan también un nuevo marco. Sin embargo, esta reorientación de la política económica no ha alcanzado aún a las reflexiones sobre los seguros públicos universales, que no sólo cubren riesgos individuales, sino que contribuyen de manera crítica a la redistribución de la renta, dado que las personas con menos ingresos utilizan en mayor medida estos seguros y contribuyen relativamente menos. Sin duda, estos seguros enfrentan retos relevantes, pero su resolución debería distar mucho de las propuestas en circulación en los últimos años.

En primer lugar, el envejecimiento de la población genera problemas de sostenibilidad para el modelo de pensiones, donde los trabajadores activos contribuyen para alimentar las pensiones de los ya jubilados, pero también presiona la suficiencia financiera de los seguros sanitarios. Además, la creciente movilidad de los trabajadores, especialmente en el seno de la Unión Europea, restan potencia a unos seguros donde los derechos emanan ya sea de la participación en un mercado laboral local o de la propia ciudadanía nacional. Esa realidad reduce la movilidad, afectando así a su eficiencia, pero, además, para aquellos que se aventuran a desplazarse a lo largo de la Unión con años intermitentes de contribución en varios Estados, se ahonda en la individualización de este tipo de sistemas, alimentando el desarrollo de seguros individuales sin ningún carácter redistributivo.

De este modo, sólo caben dos tipos de decisiones. Por una parte, y tal y como se colige del paradigma reinante en las últimas décadas, habría que adentrarse en una individualización de estos seguros, ya sean gestionados desde el sector público o privado. Para ello, han surgido propuestas como las cuentas nocionales para los sistemas de pensiones o la “mochila austriaca” para los sistemas de desempleo. La eliminación del componente redistributivo en las cuentas nocionales de cara a la jubilación es evidente, pero la “mochila austriaca”, ceteris paribus, amplía también las desigualdades. Mientras que los trabajadores que no conocen el desempleo se beneficiarían en su jubilación de lo ahorrado en esa cuenta personal, aquellos con carreras intermitentes tendría que hacer uso de esa “mochila” con mayor asiduidad, sin largo tiempo en el empleo para acumular ahorros más altos. Es decir, ese modelo podría ser efectivamente neutral para el “asalariado promedio”, pero ofrecería resultados regresivos.

Es necesario, pues, un renovado debate sobre la naturaleza y las reformas de los seguros públicos, tal y como estamos observando en política fiscal o tributaria, que debería concentrarse en cómo mejorar la equidad del sistema y su eficiencia, y la Unión nos da una opción para abordarla lejos de los paradigmas neoliberales previos. En el último año hemos celebrado el programa europeo para dar apoyo financiero a los sistemas nacionales de desempleo (SURE), pero este experimento debe dar paso a un modelo estable de seguro comunitario. Además, los seguros de pensiones o sanitarios pueden disponer de un mayor respaldo europeo como desarrollo, por otra parte, del Pilar Europeo de Derechos Sociales en el marco también del debate de la “unión sanitaria”. Los efectos positivos para la recuperación de la efectividad de la acción colectiva, por ejemplo, en las negociaciones comerciales o en la reconstrucción de los sistemas tributarios a través de la UE sirven de ejemplo para la recreación de seguros públicos, que eliminen gran parte de las ineficiencias de su diseño nacional, pero mantengan su vocación universal y redistributiva.

Las dos últimas recesiones, la presente crisis sanitaria o las incertidumbres generadas por los efectos del cambio climático aconsejan recuperar el valor de la comunidad con elemento asegurador. Hemos iniciado los primeros pasos de esa revisión del paradigma de las últimas décadas. Aún tenemos espacio por delante para retejer los lazos de comunidad, los canales redistributivos y la promesa solidaria en nuestro continente.

Jonás Fernández es eurodiputado y portavoz del grupo socialista europeo en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios.