Pensiones: buen pacto, pero hará falta más

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con los agentes sociales para la primera fase de la reforma de las pensiones. El pacto incluye importantes medidas como la derogación del factor de sostenibilidad (el mecanismo aprobado por el Gobierno del PP que ligaba la prestación a la esperanza de vida); el regreso a la revalorización de las prestaciones con la inflación; la modificación de los incentivos para acercar la edad real de jubilación a la legal; y la inyección en la Seguridad Social de unos 22.000 millones anuales procedentes de los Presupuestos con el fin de suprimir el déficit del sistema, compensando los conocidos como gastos impropios. En conjunto, se trata de un paso importante, en la medida en que se pone en marcha una dinámica reformista con el consenso con patronal y sindicatos, esencial para construir cambios duraderos y regidos por el equilibrio. Alargar la vida laboral es siempre una medida en la buena dirección en un contexto en el que cada vez la ciudadanía es más longeva. Y se refuerza la solvencia del sistema de pensiones al poner como garante al Estado con su recaudación fiscal.

Sin embargo, se dejan para una segunda fase, que tendrá que cerrarse durante la segunda mitad del año, asuntos muy espinosos y que pueden encontrar mayores escollos en las negociaciones con patronal y sindicatos, como las subidas de las bases máximas, el sistema para que los autónomos coticen por sus ingresos reales, los cambios en el periodo que se toma para calcular la pensión o el nuevo factor para asegurar la equidad entre generaciones. Este último elemento, en especial, tiene una enorme importancia.

En cuanto al periodo que se toma como referencia para calcular la pensión, ha desaparecido la propuesta de ampliarlo a 35 años, lo que de media habría supuesto un ajuste de la pensión inicial, y en su lugar se habla de poder escoger los mejores años de la carrera laboral y de cerrar lagunas de cotización. De esta manera, se diluye una posible vía de ahorro.

En definitiva, por ahora hay pocos elementos que contengan la expansión del gasto que habrá en los próximos años conforme aumenta la esperanza de vida y se jubila la generación del baby boom, los nacidos entre 1958 y 1977. La dinámica demográfica señala que garantizar que haya unas pensiones razonables en un sistema sostenible financieramente va a exigir más de lo que hace esta reforma. Un informe del FMI sobre las pensiones en España afirmaba que con el tiempo será necesario tocar todas las teclas: jubilarse más tarde, lograr una mayor proporción de gente trabajando, aumentar la productividad, elevar la natalidad, acoger más inmigrantes, aumentar los ingresos y una menor generosidad de la pensión respecto al último salario. En cualquier reforma será necesario tener en cuenta la fragilidad de los pensionistas que disponen de ingresos limitados. Pero es fundamental, dado que las pensiones las sufragan las generaciones que están trabajando, que en el conjunto del sistema se tenga en cuenta la equidad intergeneracional. Serán necesarias nuevas medidas con el mismo espíritu de consenso con los agentes sociales que ha marcado esta primera fase.