La reforma de las pensiones: cuestión de honestidad

Ahora sí que sí: tras muchos meses anunciando una reforma “inminente” de las pensiones, en pocos días el ministro responsable de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, podrá hacer público el primer paquete de medidas que el Gobierno remitirá al Congreso. Tres barreras ha tenido que superar hasta llegar a este punto: la del Pacto de Toledo, la del Gobierno de coalición y la de la concertación social.

La primera se salvó en octubre de 2020, cuando la comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo aprobó el documento de recomendaciones para la reforma de las pensiones, un marco de referencia que no se caracteriza precisamente por su concreción ni claridad, y que se ha elaborado al margen de los análisis sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones que, desde hace años, vienen publicando los expertos adscritos a diversas instituciones públicas y privadas (universidades y servicios de estudios de organismos económicos y financieros). La segunda barrera surgió en el propio Gobierno, cuando, a principios de 2021, Pablo Iglesias vetó cualquier reforma susceptible de ser interpretada como un recorte, forzando a Escrivá a correr un tupido velo sobre la propuesta de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones.

Pero probablemente es la tercera barrera la que ha resultado más ardua. En la mesa de diálogo social, los sindicatos se han empleado a fondo para acabar de una vez por todas con la reforma de 2013, aprobada durante el primer Gobierno de Rajoy. Han conseguido que la actualización anual de las pensiones se efectúe de acuerdo con el IPC (eso sí, solo cuando este sea positivo, porque cuando sea negativo, no se tendrá en cuenta, permitiendo así que las pensiones ganen poder adquisitivo) y que el nonato factor de sostenibilidad se derogue antes de acordar el mecanismo de equidad intergeneracional que ha de sustituirlo. Por su parte, las organizaciones empresariales han logrado algunos éxitos “dilatorios”, entre ellos, el retraso de la entrada en vigor de las nuevas penalizaciones a las jubilaciones anticipadas.

Aunque Escrivá se ha dejado en la gatera política bastantes pelos (no solo técnicos) de sus propuestas iniciales, el ministro puede argumentar que este primer paquete da cumplimiento a una de las reformas clave a las que el Gobierno de Sánchez se comprometió ante las autoridades europeas en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia: la alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación a través del reforzamiento de los desincentivos a la salida voluntaria del mercado de trabajo y de los incentivos a la prolongación del empleo más allá de la edad de jubilación legal. A estas alturas, el ministro puede asimismo exhibir avances en otras tres de las nueve reformas comprometidas: el mantenimiento de poder adquisitivo de las pensiones, la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social y la modificación del complemento de maternidad de pensiones (bien es verdad que ninguna de ellas contribuye a aligerar la presión financiera sobre el sistema de pensiones).

Para un próximo paquete de reformas habrán de quedar las otras medidas recogidas en el plan sancionado por la Comisión Europea, concretamente, la modificación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, la introducción del mecanismo de equidad intergeneracional, la modificación del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para aproximar sus cotizaciones a sus ingresos reales, la “adecuación” de la base máxima de cotización del sistema, y la promoción de fondos de empleo para complementar las pensiones públicas mediante ahorro privado capitalizado. O sea, se dejan para más adelante aquellas medidas cuya aplicación redundará verosímilmente bien en una reducción de las prestaciones medias, bien en un aumento de las cotizaciones medias.

Esta evidencia debería disuadir al Gobierno de presentar este primer proyecto de reforma como un gran logro para la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Es cierto que los retrasos de la edad efectiva de jubilación siempre resultan muy efectivos financieramente, puesto que suponen, simultáneamente, el alargamiento del periodo de cotización al sistema y el acortamiento del periodo de percepción de la pensión. Pero está por ver el alcance real de esos ajustes paramétricos que ni gustan a los sindicatos (para los que la prolongación del empleo de los mayores representa un riesgo para el empleo de los jóvenes), ni de las organizaciones empresariales (que pierden margen para ajustar las plantillas por la vía de las prejubilaciones). Y tampoco parece que sean muy del gusto de la mayoría de los trabajadores, a juzgar por sus preferencias sobre la edad de jubilación manifestadas en las encuestas.

Por honestidad, el Gobierno debería presentar esta primera tanda de medidas tan costosamente alumbrada como un paso modesto, y no libre de incertidumbres y dificultades, hacia la necesaria reforma de las pensiones. En lugar de alharacas y autocomplacencia, se impone un mensaje de moderación y prudencia. Mejor sería si, además, viniera acompañado de un compromiso público de informar a la sociedad española sobre los retos que afronta el sistema de pensiones durante el próximo cuarto de siglo, con la jubilación de los baby boomers. Una campaña de información institucional bien diseñada y desarrollada indicaría la voluntad del Gobierno de enfrentarse a uno de los problemas estructurales que lastran el buen funcionamiento de la economía y el mercado de trabajo españoles, y también contribuiría a generar una valiosa confianza internacional de la que ahora no andamos sobrados.

Elisa Chuliá, profesora de Sociología de la UNED, en representación del Círculo Cívico de Opinión.