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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Venezuela: corrupción y embargo

Altos cargos chavistas y empresarios tejen una turbia red que sortea el régimen de sanciones

El País
Nicolas Maduro Venezuela
Nicolás Maduro, durante una ceremonia militar en Caracas.HANDOUT (REUTERS)

Durante años, el Gobierno de Venezuela ha movido con apoyo de una red opaca cantidades ingentes de petróleo, dinero y otros recursos como carbón y aluminio, bajo la apariencia de ayuda humanitaria, para tratar de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. La trama, que involucra a decenas de personas y empresas, se ha desplegado, como ha revelado este fin de semana una investigación de EL PAÍS y el medio venezolano Armando.info, por una treintena de países, incluyendo paraísos fiscales, y ha generado un oscuro negocio multimillonario en el que afloran las connivencias de la cúpula chavista con empresarios dispuestos al engaño con tal de lucrarse.

Las sanciones que la primera potencia ha impuesto a Venezuela desde 2014, primero con la Administración de Obama, luego con la de Trump y ahora con la de Biden, no han conseguido tanto asfixiar a Nicolás Maduro y a la cúpula que lo rodea como al pueblo, el gran perjudicado de la tragedia que asola el país. Lejos de eso, ha propiciado que los altos cargos chavistas y sus operadores hayan tejido redes opacas que mueven millones y millones de euros por todo el mundo de los que apenas han dejado rastro. La investigación constata que detrás de este entramado corrupto figuran las personas que rodean al líder venezolano, como su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el empresario Alex Saab, detenido hace un año en Cabo Verde y al que el chavismo quiere convertir en poco más que un mártir. Puede entenderse que un Gobierno sometido a un régimen de sanciones internacionales busque vías para sortearlas; de ninguna manera es aceptable la clase de manejos y corruptelas que han quedado expuestos.

La investigación va más allá de Venezuela y detalla también la implicación de varios empresarios mexicanos y la colaboración que estos han tenido del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para operar. El argumento dado por el número dos de la cancillería de que México está en contra de cualquier sanción que sirva de presión y que debe colaborar con prácticamente cualquier empresario que se le acerque, por el bien de México, de la región y de sus propios negocios, se cae por su propio peso. Se puede ser crítico con las sanciones a Venezuela y, al mismo tiempo, no contribuir a un oscuro negocio donde las sospechas de enriquecimiento son sobradas. México, que en buena lid quiere mediar y acoger una negociación entre el Gobierno y la oposición venezolana, debería cortar en seco cualquier relación con esta trama que contribuye a la deriva autoritaria del régimen y, por tanto, a la asfixia del pueblo venezolano.

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