La prueba de El Prat

El proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona ha despertado un vivo debate en la sociedad catalana sobre los pros y los contras de una inversión de 1.700 millones de euros que debe servir para consolidar el aeródromo como el segundo más importante de España, en un momento de creciente sensibilidad ambiental. El plan implica construir una tercera terminal y prolongar una de las tres pistas, lo que evitaría el riesgo de colapso de la infraestructura, que antes de la pandemia se acercó al límite de su capacidad, calculada en 55 millones de pasajeros anuales. Hacerlo supondría no solo mejorar la conectividad aérea de Barcelona, sino completar el mapa aeroportuario español con un gran aeropuerto alternativo al de Barajas para vuelos intercontinentales, los que aportan más valor añadido.

El proyecto, sin embargo, obliga a volver a invadir una zona protegida como es el delta del Llobregat, incluida en la Red Natura 2000 y ya muy amenazada por la mano del hombre después de décadas de crecimiento urbanístico mal planificado. AENA, empresa de matriz pública propietaria del aeropuerto, se ha comprometido a aplicar ambiciosas medidas compensatorias si el proyecto sale adelante. Pero es necesario para ello un consenso institucional que en estos momentos no existe, por la oposición de los alcaldes de El Prat del Llobregat, de Barcelona y las inconcreciones expresadas por la Generalitat. Difícilmente la Comisión Europea permitirá una operación ambiental de este calibre si antes no hay un consenso básico de las instituciones locales. Este acuerdo es el que ayer, acertadamente, pidieron un nutrido grupo de representantes del tejido económico de Cataluña.

La inversión prevista supondría acabar con un déficit histórico de atención de AENA hacia el aeropuerto de Barcelona y llega con años de retraso. Por eso resulta inexplicable que los partidos independentistas, al frente del Govern, hayan pasado en poco tiempo de defender la necesidad de esta inversión a criticarla. Ahora la Generalitat ha anunciado la creación de una mesa negociadora con todas las partes antes de definirse definitivamente. Bienvenido sea este foro si sirve para avanzar en una solución de consenso que combine la mejora de la infraestructura con la protección de la naturaleza.

La ampliación de El Prat requiere de un debate sosegado y de compromisos ambientales claros y ambiciosos por parte de AENA. No valen chapuzas. El proyecto tiene un importante potencial de impulso económico y hay que estudiar bien su impacto sobre la biodiversidad para descartar el riesgo de daños graves. Toca actuar, hacer política y dejar trabajar a los técnicos. Pero lo que no sería aceptable es permitir que pase una oportunidad de inversión como esta por el veto desde posiciones radicales que forman parte de la mayoría gubernamental autonómica.