Una decisión histórica para proteger a los migrantes venezolanos

Más de cinco millones de venezolanos han tenido que salir de su país como consecuencia del desastre humanitario, político, social y económico ocasionado por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Es el segundo éxodo masivo más grande del mundo que según estimaciones de la OEA, podría convertirse en el primero en 2021, si continúa la dictadura en Venezuela.

Frente a esta realidad, bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, Colombia ha adoptado una política migratoria sustentada en principios de humanidad, solidaridad y respeto a los derechos humanos. Somos el principal receptor de migrantes provenientes de Venezuela. Actualmente, 1,74 millones de venezolanos, que llegaron al país en los últimos tres años, tienen vocación de permanencia en nuestro territorio; de ellos, 983.000 se encuentran en condición migratoria irregular. A pesar de que se han expedido visas y permisos de permanencia a personas con trabajo o estudio, y a sus familias, el 56% de los migrantes no ha regularizado su situación.

En este contexto, el presidente Iván Duque adoptó el Estatuto Temporal de Protección para los migrantes venezolanos. Es la decisión más significativa en nuestra política migratoria. Con ella, aspiramos a dar visibilidad a esta población y garantizar sus derechos humanos.

Es una medida que permite diversos logros para construir una migración ordenada, segura y regular en el país. Primero, al generarse el registro universal de migrantes, permitirá caracterizar esta población y enfocar adecuadamente los planes y recursos del Estado en una respuesta más eficaz tanto en la asistencia humanitaria como en las políticas sociales. Segundo, el Estatuto genera un reconocimiento jurídico a los migrantes, que debe permitir materializar sus derechos y deberes, su integración al mercado laboral y el acceso a los servicios de salud, educación, así como a otros campos de atención definidos por el Estado.

Los migrantes también podrán tener mayor bancarización, generar emprendimientos y continuar aportando a la economía del país. Asimismo, se podrán desincentivar los efectos negativos de la migración irregular, como la informalidad laboral, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, entre otras problemáticas.

Gracias a innovadoras y dinámicas campañas de divulgación que acompañan al Estatuto, Colombia espera además dar visibilidad a los migrantes y trabajar con las comunidades de acogida y el país en general, para que se reconozca más el aporte de estas personas a la vida social y al desarrollo de la Nación.

El mundo observa con atención la política adoptada por Colombia. El Estatuto es una decisión histórica para la región y el mundo. Es un mensaje sobre la importancia de cerrar espacios a la discriminación o la xenofobia con acciones de fraternidad y enfoques de derechos humanos. El éxito de esta política debería generar una buena práctica en el contexto internacional, que podría ser aplicada en otros Estados que reciben migraciones masivas.

Para implementar el Estatuto hemos diseñado un proceso que comienza con el registro de migrantes a partir del 5 de mayo de 2021, y continúa con la expedición del Permiso especial por Protección Temporal, con validez hasta por 10 años. Su alcance incluye a quienes están en el país de forma regular y a las personas que ingresen cumpliendo los marcos migratorios durante los primeros dos años de vigencia del instrumento. Para los migrantes en situación irregular, el Estatuto cobijará a aquellos que demuestren que se encontraban en Colombia hasta el 31 de enero de 2021.

Sin embargo, para avanzar acertadamente en esta implementación, y para atender los múltiples desafíos de la migración venezolana, es fundamental la cooperación de la comunidad internacional.

Colombia es un país de ingreso medio, y realiza enormes esfuerzos para atender a esta población. Más de 800.000 venezolanos han accedido a nuestro sistema de salud y en el contexto de la pandemia el universo de los migrantes puede acudir a la atención de urgencias; más de 350.000 niños venezolanos estudian en nuestro sistema educativo; hemos reconocido la nacionalidad a más de 50.000 niños que estaban en riesgo de apatridia; las instituciones de protección familiar incluyen a los niños venezolanos en los programas de seguridad alimentaria. Estos son solo algunos ejemplos de una atención que crece día a día y demanda mayores recursos. Las capacidades nacionales están al límite, ante la magnitud del fenómeno.

La comunidad internacional, a través de su Grupo Interagencial que reúne a 68 entidades, entre agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales y miembros del Movimiento de la Cruz Roja, contribuye con asistencia humanitaria y apoyo social a grupos vulnerables, en distintas ciudades del país. Es un respaldo que debe incrementarse y fortalecerse.

En junio de 2021 se realizará una Conferencia Internacional de Donantes liderada por Canadá, ACNUR y la OIM, para apoyar a todos los países que reciben migrantes venezolanos. El Plan de Respuesta a la migración busca movilizar 1.440 millones de dólares para toda la región, y de ellos, 641 millones serían para acciones en Colombia. En el contexto de la pandemia, la solidaridad global es urgente, ante la evolución de un éxodo masivo que seguirá creciendo mientras se mantengan los factores que lo originan.

En este sentido, también es imprescindible que el mundo fortalezca la presión internacional y la denuncia en distintos escenarios multilaterales para que cese la dictadura en Venezuela. Esta es la única alternativa real para restaurar la democracia, y reconstruir los sistemas productivos y de atención social destruidos por el régimen ilegítimo. Y, sobre todo, es la condición imprescindible para recuperar la vigencia de los derechos humanos y la libertad en Venezuela, y devolver la esperanza a una población que anhela vivir con dignidad en su propio país.

Claudia Blum es ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.