Pésima discriminación

La justicia ha tenido que intervenir en Cataluña para garantizar que la Generalitat vacune a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destacados en esta comunidad en condiciones de igualdad respecto a los Mossos d’Esquadra. Mientras que estos últimos están inmunizados en un 80% de los casos, solo lo están el 9,9% de los agentes y el 6,6% de la Guardia Civil, algo en lo que el Tribunal Superior de Justicia ve una “apariencia de discriminación”.

Hasta ahora, la falta de transparencia en este asunto ha sido una constante tanto por parte de la Generalitat como por la delegación del Gobierno en Cataluña, que se han limitado a culparse mutuamente del retraso. En el caso de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la inmunización comenzó un mes más tarde que con los Mossos d’Esquadra; y se interrumpió apenas tres días después por la suspensión de la vacuna de AstraZeneca. La Generalitat argumenta que el Gobierno no facilitó en tiempo y forma el listado de personal a vacunar, mientras que la Delegación del Gobierno, que inicialmente no protestó, acusa a la Generalitat de haber demorado el proceso.

Aunque el Gobierno catalán ha asegurado que no discrimina a nadie por procedencia o profesión, las constantes y prolongadas campañas de esta Administración contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el procés levantan todo tipo de sospechas de no haya existido el más mínimo interés para garantizar la vacunación de estos colectivos. Y más cuando el expresidente Carles Puigdemont ha cuestionado la vacunación de los agentes policiales del Estado asegurando que son cuerpos “privilegiados” y justificando cualquier discriminación al acusarles de haber “golpeado de forma salvaje” a los que quisieron votar en el referéndum del 1 de octubre de 2017, invalidado por el Tribunal Constitucional.

Con tan lamentables argumentos, Puigdemont y quienes todavía justifican este disparate, olvidan que la estrategia de vacunación de Policía Nacional y la Guardia Civil estaba avalada por los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud, en el que Cataluña participa. No cabe, pues, hablar de privilegios. La vacunación no es solo un derecho individual sino un deber cívico colectivo, ya que de nada sirve estar vacunado si no lo están también quienes nos rodean. Y le guste o no a la Generalitat, los agentes de la Policía y la Guardia Civil viven en Cataluña como lo hacen los Mossos d’Esquadra. Pero el dislate alcanza proporciones inquietantes por la falta de comunicación entre Generalitat y Gobierno, un déficit solo atribuible a las desconfianzas creadas por diez años de procés. Ni la Policía ni la Guardia Civil ni ningún otro ciudadano de Cataluña puede seguir siendo rehén de tan tóxica dinámica.