Mujer de negro, óleo sobre lienzo

Carmen se levanta todas las mañanas para ir a trabajar, consciente de las dificultades que tiene para desempeñar su función pero satisfecha con ella. Se considera una profesional vocacional pese a que lleva 20 años trabajando en lo mismo y cuenta con escasa proyección futura. Ronda la cincuentena, ha nacido en Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana o Castilla y León, habla inglés y es licenciada en Derecho.

Aunque nunca se ha sentido discriminada, no se explica por qué hay tan pocas mujeres que lleguen a los puestos más elevados de su profesión, algo que entienden peor aún los compañeros que se han incorporado en los últimos años, en una aplastante mayoría de ingreso de mujeres (64,78 %). Es curioso: sus colegas francesas, griegas, inglesas y rumanas no sufren tan acusadamente este problema, solo les pasa a las españolas, a las checas y a las maltesas.

Carmen trabaja sola con un equipo auxiliar, no tiene jefes y no le rinde cuentas a ningún superior. Si se equivoca en su trabajo, otros compañeros lo revisan y cambian sus decisiones, aunque esto sucede en pocas ocasiones.

Los padres de Carmen no se imaginaron que fuera algún día a trabajar en esto, ya que nadie de la familia tenía ni idea de Derecho hasta que Carmen decidió estudiarlo en la Universidad. Personas trabajadoras, de clase media que, con cierto esfuerzo, consiguieron que Carmen alcanzara su objetivo.

Empezó su andadura profesional con 29 años, después de pasar cuatro y pico estudiando una oposición al acabar la carrera. Aunque ella nunca había trabajado antes, uno de cada tres compañeros de Carmen sí había probado la experiencia de trabajar en otra cosa. No echa de menos otra dedicación profesional porque la sensación de hacer algo por la sociedad y formar parte del engranaje de la democracia le motiva sobre cualquier otro incentivo.

Carmen es jueza.

Este es el retrato de la carrera judicial en España, dibujado con los datos demoscópicos publicados en la web del Consejo General del Poder Judicial obtenidos de las últimas veintidós promociones de jueces de España. Con una mayoría de mujeres (un 54,3%), la edad media está en los 51,1 años de edad, es decir, en los nacidos en 1970. La jueza media española, por tanto, tenía ocho años cuando se aprobó la Constitución y acabó la carrera cuando gobernaba por cuarta vez Felipe González. A lo largo de su vida profesional, ha aplicado únicamente el Código Penal de 1995, donde las Cortes Generales eliminaron el tipo penal de violación por considerar que debía protegerse la libertad sexual, abandonando cualquier referencia retrógrada a la honestidad.

La jueza media española ha vivido inmersa en la pluralidad lingüística y cultural de nuestro país, ha celebrado matrimonios homosexuales en el juzgado cuando solo llevaba ocho años en la carrera, y ha participado en juntas electorales de zona o provinciales o ha sido la depositaria de los votos de ocho elecciones generales, además de otras tantas municipales, autonómicas y europeas. La jueza media española vota tanto a derecha como a izquierda, lo que no impide que se sienta independiente en el ejercicio de su función y ajena a presiones políticas, si bien considera que existe un interés creciente de todos los partidos políticos en controlar la justicia. La jueza media española no se siente representada por el Consejo General del Poder Judicial ya que desearía elegir a doce de los veinte vocales que lo conforman y culpa a su órgano de gobierno de la imagen de politización de la Justicia, es miembro de una de las cuatro asociaciones judiciales existentes, desempeña su trabajo en un órgano unipersonal y se dedica a la instrucción penal o al derecho civil, si bien siente que asume más trabajo del que debiera.

No existen datos cualitativos ni se han medido otros parámetros que los analizados. La falta de más referencias impide rebatir algunas de las afirmaciones que a diario se realizan respecto de la composición de la carrera judicial, aunque, siendo honestos, tampoco se basan en datos objetivos, sino en meras presunciones y prejuicios.

Es evidente que se produce una selección económica en el acceso a la judicatura, como en cualquier profesión cualificada en la que es imprescindible dedicar unos diez años de media al estudio —algo que se comparte con médicos, arquitectos, ingenieros y cualquier cuerpo de la administración de grupo A—, lo cual, en mi opinión, debería paliarse con ayudas públicas al estudio que impidan que determinadas personas no se presenten a las pruebas de acceso por falta de oportunidades sociales. Pero de ahí a afirmar que los jueces son una élite socioeconómica, media una simplificación reduccionista.

Los miembros de la carrera judicial somos una muestra de la sociedad a la que servimos. Hay jueces agnósticos, homosexuales, cofrades, poetas, hinchas del Barça, vegetarianos y taurinos, en proporción semejante a la muestra que existe en la sociedad, afortunadamente: un juez angelical al margen del mundo jamás comprendería la envergadura de los asuntos que debe resolver.

Natalia Velilla Antolín es magistrada. Autora de Así funciona la Justicia: verdades y mentiras en la Justicia española (Arpa).