La fractura generacional en España

Los pactos de solidaridad intergeneracional son un elemento imprescindible para la sostenibilidad de una sociedad y su progreso. El contrato social debe prever, entre otras cosas, tanto una eficaz atención a los mayores como una dinámica integración de los jóvenes en el sistema. Tanto una red de protección para los primeros —pensiones, sanidad— como un terreno de oportunidades para los segundos —educación, mercado laboral, vivienda—. En España, el segundo apartado de este esquema sufre gravísimos problemas. Y eso cuestiona y amenaza una seria fractura en el funcionamiento del país.

Los jóvenes españoles entraron en la pandemia en seria desventaja con respecto a la media europea y a sus predecesores: con unas tasas de abandono y fracaso escolar elevadas, con un paro juvenil en cifras de vértigo y un difícil acceso a la vivienda ante el encarecimiento de los precios. Todos ellos son problemas arrastrados incluso desde los tiempos de bonanza, desde la burbuja inmobiliaria, y exacerbados a un nivel intolerable a partir de la crisis de 2008. En ese punto de inflexión del que España salió más endeudada y más empobrecida, la drástica disminución de salarios, la ausencia de ofertas de trabajo y el deterioro general de las clases medias empezó a convertir a los jóvenes en la primera generación en muchas décadas que iba a vivir con menos oportunidades que sus padres. La situación de partida, por tanto, ya era grave. Pero la pandemia ha añadido otro factor de enorme repercusión al cercenar aún más las posibilidades educativas, laborales, económicas, de vivienda y de desarrollo profesional de los jóvenes. El Banco de España alertó ayer de este problema.

La falta de clases presenciales tiene un impacto aún no suficientemente medido en el conocimiento. La brecha entre los que tienen más medios y atención tecnológica y quienes carecen de ello ha arrojado a una buena proporción de chavales al apagón educativo en algunas áreas. El cierre de comercios, hostelería y servicios —destino habitual de los trabajadores de menos edad— les ha dejado sin apenas posibilidades de emplearse y obtener ingresos. La deuda pública, además, acrecentada en España hasta llegar al 120%, marcará su herencia en un futuro que ya empieza lastrado. De los más de 900.000 parados nuevos, unos 700.000 tenían contratos temporales, que son los habituales en las edades más bajas, y los ERTE no les han servido de escudo. La precariedad laboral, por tanto, se profundiza, la natalidad se derrumba y la emancipación se aleja tras dispararse el número de menores de 30 años sin ingresos desde el 30% antes de la covid al 35% de finales de 2020. El problema es grave y requiere medidas firmes que los planes de recuperación asociados a los fondos europeos deben tener muy en cuenta.