Recoser un país abierto en canal

Las elecciones de Madrid han situado a España frente a un espejo que proyecta una imagen de toxicidad política difícil de encontrar en los países de Europa occidental. Vox ha cruzado las líneas rojas de los valores democráticos y es el principal punto de inflamación. Pero hay más, con responsabilidades de distinta intensidad en gran parte del hemiciclo. La situación es grave, y dista mucho de la cultura de países como Alemania, donde el diálogo y la cooperación permiten gobiernos de coalición transversales. También de Francia, cuyos valores republicanos son un denominador común que ejerce de colágeno del sistema; incluso de Italia, donde casi todo el arco parlamentario ha sido capaz de confluir en un Gobierno de unidad nacional. Y, por supuesto, de Portugal, con un clima político de mucho mayor sosiego.

La política española está envenenada. Ciertos postulados extremistas preocupan; pero más todavía inquieta la atmósfera general, el avance sin freno de la agresividad y la descalificación personal. El problema del odio y de fomentarlo en el lenguaje es que este no solo alimenta espirales de rencor, sino que constituye una categoría antidemocrática, porque presenta al adversario como indigno de ser elegido, anulando el juego de la confrontación civilizada. La democracia se destruye cuando no es posible el debate racional sobre las ideas, cuando prosperan los argumentos ad hominem, cuando esta se utiliza para vociferar, provocar y ofender. La forma —eso que Tocqueville llamaba las “maneras y etiquetas de la democracia”— y la sustancia van de la mano.

Tanto en forma como en sustancia, Vox es un actor tóxico para la democracia española. Debería ser aislado. Desafortunadamente, el PP no parece estar por la labor. Su candidata a liderar la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está claramente en disposición de asociarse con esa formación, de instintos antidemocráticos, xenófoba, machista y negacionista del cambio climático, si fuera necesario para retener el poder. El líder del PP, Pablo Casado, debería reflexionar hondamente sobre el significado de ese gesto para el conjunto de la democracia española.

En todo caso, Vox no es el único actor que ha favorecido este ambiente de toxicidad. La subversión catalana es llanamente intolerable. Bildu debería de una vez reconocer plenamente la abominación de la sinrazón terrorista. Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias, debería dejar de contribuir a la polarización y de manejar un doble rasero inaceptable ante la violencia que sufre y la que afecta a otros procedente de grupos afines a su ideología. Aunque sea comprensible el deseo de Yolanda Díaz de dedicarse a tiempo completo a los asuntos gubernamentales, debería asumir la responsabilidad de llevar a la coalición hacia la madurez y la institucionalidad. Esto no es incompatible con el apego a los postulados de una izquierda con una idea radical de la justicia social. Esto último es bienvenido; la agitación radical y divisiva, no.

Pero las responsabilidades no terminan ahí. El PP, con su retórica de “gobierno criminal” o “gobierno ilegítimo” y sus bloqueos institucionales, ha deteriorado enormemente el ambiente —aunque hay que distinguir entre líneas como las de los liderazgos de Galicia o Andalucía de los de Madrid (en sentido local y nacional)—. El PSOE, por su parte, como fuerza central de gobierno, debería atenerse a un estándar de madurez impecable, y no siempre está a la altura.

Llegados aquí, ya a nadie se le puede escapar que este ambiente facilita la violencia política. La responsabilidad frente a ese riesgo es colectiva. La sociedad, medios en primera fila, debe asumir el marco mental de la desintoxicación. Renunciar al envilecimiento del lenguaje y a las descalificaciones personales. Ocupémonos de las ideas. Toca recoser España antes de que deba lamentarse demasiado. Sin aceptar, eso sí, que se crucen las líneas rojas de los valores esenciales compartidos en una democracia.