Las claves para avanzar hacia una migración basada en derechos en Centroamérica

El número de personas migrantes internacionales a nivel mundial asciende a 281 millones (3,6% de la población mundial). En Centro América, más de 300.000 mujeres, niñas y niños, hombres, personas con discapacidad y personas de grupos LGBTI, centroamericanas y de otras nacionalidades, transitan cada año por la región con la intención de llegar a México y Estados Unidos. Lo que buscan son oportunidades laborales, reunirse con familiares, así como escapar de la pobreza, la discriminación, la violencia y los efectos del cambio climático. En el camino hacia el norte, las personas enfrentan diversas barreras, no siempre tangibles, pero si efectivas, que buscan frenar y disuadir la migración irregular, tales como las políticas de contención y deportación, la militarización de las fronteras y la exclusión del acceso a los derechos y servicios.

El mito de que solo si los muros se construyen lo suficientemente alto las personas migrantes dejarán de desplazarse no solo es equivocado, sino cuestionable; subyace en el rechazo al “otro”, sin considerar su dignidad y sus derechos como ser humano. Lo mismo cabría inferir de la premisa de que la detención migratoria es una medida disuasoria efectiva de la migración irregular. Es indudable que la necesidad de las personas, así como el impulso natural de sobrevivencia y de mejora, es más fuerte que cualquier obstáculo y adversidad. Las barreras no frenan la migración, pero sí crean y exacerban situaciones de vulnerabilidad y exponen a las personas migrantes a situaciones de abuso y violaciones de derechos.

Aunque los Estados tienen la prerrogativa de regular la migración en sus territorios, deben hacerlo acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y sobre la base de que las fronteras no son zonas de excepción de las obligaciones de derechos humanos. La idea de avanzar en una política migratoria basada en la evidencia y en los derechos humanos, implica en sí superar aquellas medidas basadas en el miedo y la desinformación que han significado un gran costo humano para las personas que ya estaban en riesgo. Una política migratoria basada en derechos debe propiciar canales regulares y seguros para la circulación de las personas migrantes, debe ampararse en el principio de no devolución, en el interés superior del niño, la prohibición de detenciones arbitrarias y expulsiones colectivas, el acceso a mecanismos de protección internacional y de regularización migratoria.

En el contexto actual de la pandemia, donde la COVID-19 nos ha demostrado que excluir y discriminar a grupos de personas nos debilita a todos, es oportuno evitar que las barreras, visibles e invisibles, afiancen esas medidas y políticas con enfoques contrarios a la dignidad de las personas en movilidad. La Oficina Regional para América Central y el Caribe de la Oficina del Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha podido conocer el impacto diferenciado de la pandemia en las personas migrantes en situación irregular que han perdido sus empleos y medios de vida y que, ante los obstáculos enfrentados para acceder a las medidas de protección socioeconómicas, se han visto forzados a regresar a sus países de origen. Muchas de ellas han tenido que vender sus pertenencias y gastar sus ahorros para cubrir su viaje de retorno, incluido, el costo de la prueba COVID-19. Asimismo, bajo el argumento de prevenir la pandemia, algunos Gobiernos han decidido cerrar sus fronteras y fortalecer las operaciones de control migratorio. El uso de las fuerzas de seguridad en este contexto está incrementando la migración irregular, orillando a las personas a caer en redes de tráfico de migrantes y a buscar rutas más peligrosas.

Por otra parte, las narrativas basadas en temores infundados y frecuentemente asociadas a la desinformación, terminan por estigmatizar a las personas migrantes responsabilizándolas de esparcir la Covid-19, sin reconocer que el virus no discrimina. Así mismo, los discursos nacionalistas sobre la protección preferencial de la población nacional sobre las personas migrantes, discurre al margen de la obligación de proteger por igual y sin discriminación a todas las personas bajo el territorio y jurisdicción de los Estados. En ese sentido, es ineludible que las medidas de protección social operen sobre la base de la primacía de los derechos humanos, debiendo, para ello, eliminar las barreras existentes para asegurar el acceso de todas las personas migrantes a sus derechos, así como a los sistemas sanitarios, incluyendo las vacunas, sobre la base de los pilares de igualdad y no discriminación.

Así mismo, los Estados deben establecer mecanismos para separar las actividades de gestión migratoria de las de provisión de servicios médicos (firewalls). Los registros para acceder a la vacuna contra la COVID-19, por ejemplo, no deberían servir para recabar información sobre el estatus migratorio de una persona. Recientemente, la OACNUDH y distintos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas publicaron una nota de orientación conjunta sobre el acceso equitativo a las vacunas COVID-19 para todos los migrantes, instando a los Estados, ahora que se preparan con planes de vacunación contra la COVID-19, a garantizar que la asistencia sanitaria sea asequible y accesible para todas y todos, independientemente de la condición migratoria.

En suma, para avanzar en una agenda de derechos debemos superar los viejos paradigmas basados en presunciones erróneas, en el miedo, la desinformación, la división y la exclusión, que han propiciado un manejo de la migración desde la externalización y control de las fronteras y que por décadas han marginalizado a las personas migrantes forzándolas a buscar rutas más peligrosas para migrar y exponiéndolas a grandes riesgos. La migración no es un delito según el derecho internacional y, por tanto, debe prevalecer una ética de cuidado y no de fuerza hacia las personas migrantes. Sabemos que la dimensión transnacional del fenómeno de la migración hace imposible que un país, por sí solo, pueda responder a los diversos factores que impulsan a las personas a desplazarse y a los desafíos de la migración. Entonces hoy, más que nunca, los Estados deben reforzar la cooperación, solidaridad y la coordinación desde un enfoque de derechos humanos, para hacer frente a las necesidades de las personas migrantes y garantizar sus derechos.

Alberto Brunori es representante regional de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe