Evitar una desescalada caótica el 9 de mayo

Con el fin del estado de alarma previsto para el próximo 9 de mayo y un cuadro político marcado por una confrontación exacerbada, España se dirige hacia una situación de gestión de la pandemia muy incierta que resulta necesario evitar. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado la intención de su Ejecutivo de, salvo desarrollos excepcionales, dejar expirar el estado de alarma sin buscar prórrogas. Es esta la herramienta constitucional que ha amparado las limitaciones de derechos fundamentales instrumentales para combatir la propagación de la enfermedad, y muy especialmente el toque de queda. Desactivado este mecanismo constitucional, la gestión de medidas restrictivas recaerá sobre las comunidades autónomas al amparo de la Ley Orgánica 3/1986, una norma que las habilita para tomar medidas por razones de salud pública, pero redactada con una problemática indefinición, motivo por el que el Consejo de Estado ha exhortado esta semana a reformarla. El conjunto de la persistencia de la pandemia, de la conflictividad política y de cierta indefinición jurídica que abre la vía a vaivenes judiciales configura una pésima combinación para afrontar meses que serán difíciles. Convendría evitarlo con preparativos serios, inspirados en los principios de cooperación leal y pragmática. Valores que no abundan en la política española.

Dado el persistente peligro para la salud pública y la importancia de los derechos fundamentales, el estado de alarma se antoja como la herramienta democrática más pulcra para la gestión; no debería desecharse a la ligera. Es cierto que, aun sin él, las comunidades podrán tomar importantes medidas y es comprensible que el Ejecutivo sea reacio a intentar prorrogarlo dada la desleal actitud de la oposición. Pero es evidente el riesgo de un debilitamiento del armazón que ampara la gestión pandémica y de un calvario de decisiones sometidas a control judicial que puede complicar todo y causar confusión. Ante esta situación, lo normal sería un diálogo en busca de una solución entre la mayoría gubernamental y la oposición, tanto sobre el estado de alarma como una posible reforma de la ley de 1986, que los conservadores sugieren y los socialistas rechazan. Lamentablemente, no parecen darse las condiciones.

En este marco, el Partido Popular debería aclarar su posición y dejar de utilizar de forma partidista un asunto que afecta a la salud de los españoles. El PP exhibe una llamativa cacofonía en el seno de la formación. Algunos de sus barones anhelan una prórroga de un estado de alarma que el propio partido no avaló, mientras la dirección pide un plan b jurídico alternativo a este. Además, segmentos de la formación parecen buscar el interés partidista antes que el de los ciudadanos.

Falta pues un mes para entrar en un escenario que, si algo no cambia, será negativo para España. Esto obliga al conjunto de fuerzas parlamentarias a buscar soluciones de consenso en un marco de lealtad. El clima de campaña por las elecciones en Madrid no ayudará. En ese sentido, las declaraciones del presidente Sánchez cuestionando la contabilización de los contagios en Madrid —aunque fueran en una conversación informal con periodistas— no fueron afortunadas. Al otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid encabeza la facción de su partido que tiene como estrella polar promover una tóxica confrontación. La ciudadanía merece soluciones.