Nadie estará a salvo mientras no lo estén todos

Estados Unidos espera “independizarse” de la covid-19 el 4 de julio (Día de la Independencia), cuando haya vacunas para toda la población adulta. Pero para muchos países en desarrollo y emergentes, el final de la crisis todavía está muy lejos. Como mostramos en un informe para la Comisión sobre Transformación Económica Mundial del Instituto de Nuevo Pensamiento Económico (INET), para que sea posible una recuperación global rápida es necesario que todos los países puedan declararse independientes del virus.

La capacidad de mutación del coronavirus implica que nadie estará a salvo mientras no se lo haya controlado en todas partes. Por eso es esencial efectuar lo antes posible una distribución universal de vacunas, equipos de protección personal y tratamientos. Las restricciones actuales al suministro de esos elementos son básicamente artificiales, en la medida en que son resultado de un régimen internacional de propiedad intelectual mal diseñado.

Pero más allá de la muy postergada reforma de dicho régimen, lo que se necesita con más urgencia es una suspensión de los derechos de propiedad intelectual asignados a productos necesarios para el combate a la covid-19 o la creación de fondos comunes de patentes para su uso compartido (pooling). Muchos países demandan estas medidas, pero los intereses corporativos de las economías avanzadas han opuesto resistencia, y sus Gobiernos se han dejado llevar por la miopía. El ascenso del nacionalismo pandémico ha expuesto una variedad de deficiencias en los regímenes internacionales de comercio, inversión y propiedad intelectual (algo que la comisión del INET analizará en un informe posterior).

Las economías avanzadas, sobre todo Estados Unidos, han actuado con determinación para reactivar sus economías y apoyar a familias y empresas vulnerables. Entendieron (aunque tal vez fuera una lección pasajera) que en crisis como esta, las medidas de austeridad son profundamente contraproducentes. Pero los países en desarrollo, en su mayoría, tienen grandes dificultades para obtener fondos que les permitan mantener los programas de apoyo vigentes, por no hablar de absorber los costos adicionales impuestos por la pandemia. Estados Unidos gastó alrededor del 25% de su PIB en medidas de apoyo a la economía (y consiguió así poner coto a la desaceleración), pero los países en desarrollo sólo han podido gastar un porcentaje mucho menor.

Nuestros cálculos, basados en datos del Banco Mundial, muestran que el gasto en Estados Unidos, del orden de los 17.000 dólares per capita, fue unas 8.000 veces mayor al de los países menos desarrollados. Además del uso decidido de la política fiscal, hay tres medidas que los países desarrollados pueden tomar y que los beneficiarán, además de colaborar con la recuperación mundial. En primer lugar, impulsar una gran emisión de derechos especiales de giro (DEG), el activo global de reserva del Fondo Monetario Internacional. El FMI puede emitir en forma inmediata unos 650.000 millones de dólares en DEG sin necesidad de aprobación de las legislaturas nacionales. Y el efecto expansivo de la medida será mucho mayor si los países ricos transfieren sus asignaciones desproporcionadas de DEG a otros países con necesidad de efectivo.

El segundo conjunto de medidas también implica al FMI, dada su influencia sobre la política macroeconómica de los países en desarrollo, en particular aquellos que acuden a él para resolver problemas de balanza de pagos. Resulta alentador que el FMI haya sido un activo propulsor de la implementación de cuantiosos y prolongados programas de ayuda fiscal en Estados Unidos y en la Unión Europea, y que haya reconocido incluso la necesidad de aumentar el gasto público en los países en desarrollo, pese a lo adverso de las condiciones externas.

Pero a la hora de estipular los términos de los préstamos para países con problemas de balanza de pagos, las acciones del FMI no siempre coinciden con sus declaraciones. Un análisis que hizo hace poco Oxfam Internacional de programas de ayuda del FMI recientes y vigentes halla que entre marzo y septiembre de 2020, 76 de los 91 préstamos negociados por el Fondo con 81 países demandaban recortes del gasto público que podrían trasladarse a deterioro de los sistemas sanitarios y previsionales, congelamiento de salarios de los empleados públicos (incluido el personal médico y docente) y reducción de los seguros de desempleo, de las licencias por enfermedad y de otras prestaciones sociales. La austeridad (sobre todo tratándose de recortes en esas áreas esenciales) no tendrá en los países en desarrollo mejores resultados que los que obtendría en los desarrollados. Además, aquellos países podrían contar con un mayor margen fiscal si recibieran más asistencia (incluida la emisión de DEG antes mencionada).

Finalmente, los países desarrollados pueden organizar una respuesta integral a los enormes problemas de deuda a los que se enfrentan muchos países. Todo dinero gastado en pagar deudas es dinero que no se usa en combatir el virus y reactivar la economía. Al principio de la pandemia, se esperaba que una suspensión de los pagos de deuda de países en desarrollo y emergentes sería suficiente; pero ya pasó más de un año, y algunos deudores necesitan una reestructuración integral, en vez de los típicos parches que lo único que hacen es generar las condiciones para la próxima crisis.

Hay mucho que pueden hacer los países acreedores para facilitar esas reestructuraciones y alentar una participación más activa del sector privado (que hasta ahora se ha mostrado bastante reacio a colaborar). Como recalca el informe de la Comisión, si hubo un momento para hacer valer los principios de fuerza mayor y necesidad es ahora. No se les puede pedir a los países deudores que paguen lo que no pueden, sobre todo si será a costa de tanto padecimiento.

Las políticas que se describen aquí serían de gran ayuda para los países en desarrollo y costarían poco y nada a los países desarrollados. De hecho, el interés propio bien entendido del mundo desarrollado exige hacer todo lo posible por ayudar a los países en desarrollo y emergentes, sobre todo cuando es tan fácil de hacer y beneficiaría a gran parte de la humanidad. La dirigencia política en los países desarrollados tiene que comprender que nadie estará a salvo mientras no lo estén todos, y que la salud de la economía global depende de que haya una fuerte recuperación en todas partes.

Joseph E. Stiglitz es premio Nobel de Economía, profesor distinguido en la Universidad de Columbia e integrante de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional; Michael Spence es premio Nobel de Economía, profesor emérito en la Universidad Stanford e investigador superior en el Instituto Hoover; y Jayati Ghosh es secretaria ejecutiva de International Development Economics Associates, profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts en Amherst e integrante de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.

Esta tribuna también lleva las firmas de Rob Johnson, Rohinton Medhora, Dani Rodrik y otros integrantes de la Comisión sobre Transformación Económica Mundial del Instituto de Nuevo Pensamiento Económico.

© Project Syndicate, 2021.