¿Qué tan lejos estamos de una recuperación justa y resiliente en Latinoamérica?

A más de un año del inicio de la pandemia, ni la crisis sanitaria ni la socioeconómica han menguado. La caída en la economía mundial de 3,5% debido a las medidas adoptadas para contener la covid-19 es únicamente comparable con los efectos de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Latinoamérica y el Caribe la contracción llegó a ser de 6.9%, según el Fondo Monetario Internacional.

Frente a ello, durante 2020 muchos países impulsaron programas y políticas públicas para mantener a las personas y economías a flote. A la par, múltiples actores internacionales, académicos y de la sociedad civil han manifestado la urgencia de alinear el gasto público de recuperación con acciones que promuevan la creación de trabajos formales, mejores condiciones de salud, oportunidades para las mujeres y una acción climática efectiva, entre otras alternativas que apunten a cerrar o, por lo menos, disminuir las brechas sociales y ambientales existentes.

Así, se han posicionado discursos sobre “reconstruir mejor”, “recuperación verde” y “recuperación sostenible”, que muestran las ventajas de invertir en iniciativas como energías renovables y su variante de generación distribuida, electromovilidad del transporte público, eficiencia energética en las construcciones, sistemas de abastecimiento de alimentos más cortos, entre otras propuestas que nos permitan salir de la crisis socioeconómica y, al mismo tiempo, transformar significativamente nuestras economías para hacerlas más equitativas y climáticamente resilientes.

Sin embargo, y a pesar de que nadie disiente públicamente en torno a la necesidad de implementar una agenda basada en el principio de sostenibilidad, en América Latina la evidencia muestra que las medidas adoptadas por la mayoría de los países distan de serlo.

Según datos del Global Recovery Observatory, los países latinoamericanos no destacan ni en el gasto en recuperación como porcentaje del PIB -que va desde un 3.01% en el caso de Perú hasta un 0.03% para Brasil-, ni en iniciativas clasificadas como “verdes”. A modo de ejemplo, las agendas de México, Argentina y Perú no consideran ninguna iniciativa de este tipo; más bien, refuerzan programas basados en energías carbono intensivas. De acuerdo con este mismo estudio, de los seis países analizados en la región, tres se posicionan como “oportunidades perdidas” -Chile, México y Perú-, pues disponen de fondos públicos para la recuperación, pero estos no están siendo dirigidos hacia que sea justa y resiliente. Dos son clasificados en “potencial para actuar” -Argentina y Colombia-, es decir, aunque tiene pocos recursos destinados para recuperación aún hay posibilidades de que estos se movilicen teniendo en cuenta principios de sostenibilidad.

Todo lo anterior evidencia una situación preocupante: los tomadores de decisión continúan eligiendo soluciones que no son compatibles con la vida en el planeta. La contradicción entre el discurso y la práctica es clara y la necesidad de cambiar el rumbo, urgente. No hay recuperación real a largo plazo sin los ingredientes de justicia social y resiliencia ambiental.

Laure Delalande forma parte de Ethos en México, Violeta Rabí trabaja para Espacio Público en Chile y María Laura Rojas representa a Transforma en Colombia. Las tres autoras son parte de Latinoamérica Sostenible.