TRIBUNA
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Algo ha cambiado en Cataluña

Una dialéctica constructiva entre el nuevo independentismo gradualista de ERC y el constitucionalismo de los socialistas catalanes podría ser un punto de partida favorable para abordar los grandes desafíos

RAQUEL MARÍN

Pocos esperaban que las elecciones del 14 de febrero desatascaran definitivamente el bloqueo que padecen las instituciones catalanas y la tensión de sus relaciones con el Estado. Más de veinte años de desajustes y conflictos no se cancelan con un resultado electoral, por claro y contundente que fuese. Mucho menos, por tanto, si los datos no tienen suficiente claridad ni contundencia. Por tanto, el observador ha de reaccionar con extrema cautela cuando se siente tentado a hacer pronósticos. Toda conclusión debe ser provisional salvo en un solo punto: en el más favorable de los escenarios, estamos solo en el preámbulo impreciso de una larga serie de pasos y contrapasos que podrían balizar una futura vía de salida para el bloqueo actual.

Decimos que los resultados electorales admiten diversas interpretaciones, tal como se percibe en las aportaciones de los especialistas. Valoran el apoyo obtenido por cada uno de los actores en el contexto de una elevadísima e inquietante abstención, explicable por acumulación de factores: fatiga política, crisis socioeconómica aguda, modificación en la oferta partidista, precaución sanitaria ante la covid-19.

Lo cierto es que el resultado de cada una de las fuerzas contendientes se relativiza frente a esta notable abstención. La suma de los partidos independentistas supera por primera vez en pocas décimas el cincuenta por ciento de los sufragios. Pero pierde más de medio millón de votos respecto de las elecciones anteriores. El PSC recupera la posición de cabeza en un apretado codo a codo con ERC y es el único partido que incrementa sus votos de 2017. Pero solo consigue algo más de la mitad del apoyo que cosechaba hace veinte años en los tiempos de Maragall y Montilla. En Comú-Podem pierde una cuota importante de sufragios, mientras que la CUP se mantiene, aunque ligeramente por debajo de su resultado anterior. Por lo que hace a la derecha “constitucionalista”, la suma de Ciudadanos y PP equivale a una cuarta parte de lo que obtuvieron conjuntamente en 2017 y no llega tampoco a la mitad si se le agrega el resultado de Vox, única formación que puede jactarse de un impacto efectivo y preocupante en el mapa electoral. Por otra parte, no se sostiene la vieja idea de que el vencedor sea el “partido abstencionista” porque entre los dos millones de ciudadanos que no acudieron a las urnas se encuentran antiguos votantes de todos los partidos.

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Pese a todo, cabe desprender alguna lección de este pronunciamiento ciudadano. Con una ventaja muy moderada, el PSC y ERC se sitúan en cabeza. Este hecho les confiere una posición simbólicamente relevante a la hora de tomar iniciativas en los próximos meses. Cabe entender que los votantes han dado mayor preferencia a quienes han optado por rebajar —aunque sea ligeramente— el tono áspero de sus diferencias y se han aproximado mediante movimientos de considerable importancia: investidura del Gobierno PSOE-UP y aprobación del presupuesto estatal. Republicanos y socialistas han incurrido en vetos y estridencias durante su campaña electoral. Sería deseable que recuperaran ahora cierta continencia verbal. Una dialéctica mesurada y constructiva entre el nuevo independentismo gradualista de ERC y el constitucionalismo abierto de los socialistas catalanes podría ser un punto de partida favorable para abordar los grandes desafíos que tienen ante sí tanto la sociedad catalana como la sociedad española.

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Les tocaría explorar la semejanza de posiciones por lo que hace a la rectificación de un modelo económico agotado y sin respuesta a las exigencias de los cambios enormes del último cuarto de siglo. Lo mismo puede decirse respecto del amenazado ámbito de las libertades civiles y de los derechos sociales y económicos, especialmente para los colectivos más vulnerables. Deberían abordar la puesta al día de un modelo público y universal para la educación y la sanidad, duramente maltratado en las últimas décadas en Cataluña y en España. La apuesta decidida por la transición ecológica, por otro lado, no admite fronteras competenciales. Los fondos previstos por la política de reconstrucción y transformación de la UE constituyen una oportunidad irrepetible para emprender tareas pendientes desde hace años.

En las políticas mencionadas, socialistas y republicanos pueden invocar su pertenencia a la tradición —bastante maltrecha— de una izquierda plural que han interpretado a su manera, pero que les distingue claramente de otras opciones políticas. En un empeño compartido por reforzar esta colaboración, les acompañarían sin duda otras fuerzas de izquierda: Unidas-Podemos en el conjunto del Estado, EnComú-Podem en Cataluña.

Trabajar conjuntamente en cuestiones como las apuntadas no significa aparcar el contencioso territorial que seguirá ocupando un lugar central en la política del país. Pero facilitaría el lento y trabajoso diálogo encaminado a darle una vía de salida. Es lo que esperan muchos catalanes y probablemente muchos españoles. La encuesta anual del ICPS de la Universitat Autònoma de Barcelona así lo refleja desde hace años. Por encima de quienes ansían la independencia o la conservación del statu quo, se pronuncia una mayoría que espera que el conflicto se resuelva en una negociación para aumentar el autogobierno de Cataluña, incluidas en esta mayoría cuotas no menores de votantes de partidos independentistas. Correspondería ahora a republicanos y socialistas catalanes dar respuesta a estas expectativas, activando la mesa de diálogo, aplazada por la pandemia y la provisionalidad del Gobierno de la Generalitat.

Este lento y delicado ejercicio de aproximación se ve amenazado por la situación de los dirigentes encarcelados a la que hay que encontrar una solución rápida. Pero también la amenazan las posiciones intransigentes de otros partidos e incluso de sectores de sus propias formaciones. Añádase a esta amenaza la acción persistente de factores poco controlables: una cúpula judicial que ha ocupado el terreno político abandonado por gobiernos anteriores y la influencia de un sistema mediático público y privado que frecuentemente actúa más como instigador que como portavoz de los inmovilistas.

Pese a estos obstáculos, es falso decir que nada ha cambiado. Aparece un estrecho margen de maniobra que debería ser explorado con valentía y sin aspavientos. La colaboración inmediata entre republicanos y socialistas en la recuperación socioeconómica no exige una coalición de Gobierno. Puede modularse en formatos y ritmos diferentes, acompañando al debate ineludible sobre una nueva articulación institucional entre Generalitat y Estado y a sabiendas de que no se dan ni las condiciones para una hipotética reforma constitucional, ni para una ruptura unilateral de las relaciones entre Cataluña y el Estado. Estamos, pues, en los prolegómenos de un viaje incómodo, por etapas y de larga duración. Pero si lo tenemos por necesario no hay razón para demorar los primeros pasos. Por tímidos que sean.

Junto a Josep M. Vallès, Jordi Amat, Victoria Camps y Joan Coscubiela, firman este texto el resto de miembros del grupo Pròleg: Marc Andreu, Marga Arboix, Oriol Bartomeus, Laia Bonet, Joan Botella, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Oriol Nel.lo, Raimon Obiols, Lluis Rabell, Joan Subirats y Marina Subirats.

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