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Tribuna
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El valor político del técnico Draghi

El nombramiento de del técnico y alto funcionario italiano, merece ser entendida a partir del espíritu de la Constitución como una expresión puramente política

El primer ministro de Italia,  Mario Draghi, posa para una foto después de la ceremonia de juramento de los nuevos ministros del gabinete, en el Quirinale en Roma, (Italia) el pasado 13 de febrero.
El primer ministro de Italia, Mario Draghi, posa para una foto después de la ceremonia de juramento de los nuevos ministros del gabinete, en el Quirinale en Roma, (Italia) el pasado 13 de febrero.GUGLIELMO MANGIAPANE (Reuters)

El nombramiento de Mario Draghi sigue entendiéndose dentro de una perspectiva estrictamente técnica. Es un error. La insistencia en el solucionismo tecnocrático, en cierto modo problemático, que preside este nombramiento que probablemente cortocircuite la inadecuación de la clase política italiana contemporánea, corre el riesgo de descuidar la dimensión altamente política y profundamente constitucional del Gobierno naciente.

Quizás no nos hayamos dado cuenta de ello por el duro contexto en el que vivimos desde hace casi un año, pero el nombramiento de Mario Draghi llega en un momento excepcional y de gran urgencia. En la alocución del presidente Sergio Mattarella, que encomienda al expresidente del BCE la tarea de formar un Gobierno ―como en la de Mario Draghi―, la palabra “urgencia” asume un papel crucial. Draghi atribuye su propio nombramiento a un argumento que atribuye explícitamente a Mattarella: “La conciencia de la urgencia requiere respuestas a la altura de la situación”.

La urgencia del nombramiento de Draghi no debe vincularse únicamente a la pandemia. La profunda crisis del sistema político italiano es anterior y duradera, aunque ha sido fuertemente agravada por la covid-19. En la convulsión de la crisis sanitaria, económica, política e institucional que atraviesa la República italiana, nadie puede dudar ya de que existe un riesgo real de que una fuerza de extrema derecha con ascendencia fascista pueda determinar el Gobierno del país en un futuro bastante cercano, sacando a la vida política italiana de la forma republicana y del proceso de integración europea.

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Por lo tanto, el papel que el presidente de la República ha concebido para Mario Draghi debería leerse desde sus prerrogativas constitucionales frente a esta urgencia. A este respecto, cabe recordar que la Constitución italiana proclamada en 1948 y aún vigente en la actualidad ha sido fuertemente orientada contra el posible retorno de cualquier fuerza fascista al poder. El espíritu de la Constitución, por tanto, no se limita a contemplar el riesgo existencial al que se enfrenta la República, sino que exige una respuesta.

La acción del presidente de la República puede situarse por tanto en este estado de emergencia en el que Draghi se convierte en la principal opción para impedir el advenimiento del escenario límite contra el que se diseñó la misma Constitución.

De ahí la necesidad de un Gobierno no tanto de unidad, ni de salvación nacional, sino con otra ambición mucho más difícil de alcanzar: la reconstitución de un espacio institucional capaz de conducir, en un contexto de absoluta volatilidad parlamentaria y de licuación de los partidos, el juego de las fuerzas políticas hacia un centro de gravedad republicano ofreciéndoles participar, transformándose, en la reconfiguración del espacio político.

La reacción de los partidos demuestra que este proceso de reconstituyente es en acto. Con la única excepción de los Fratelli d’Italia, partido que se ha situado repetidamente en una relación ambigua con la historia del Partido Fascista italiano, todas las fuerzas políticas parlamentarias parecen aceptar este nuevo punto de partida, viéndose así abocadas a seleccionar personalidades eminentes para participar en la iniciativa gubernamental y a marginar las posiciones más extremas. No hay que subestimar el impacto político de esta transición: la Lega y el Movimiento Cinco Estrellas, que hasta hace poco hacían campaña por la salida del euro, parecen ahora destinados a apoyar, directa o indirectamente como presidente del Consejo, al hombre del whatever it takes. Su inclusión conduce así a una transformación consensuada y democrática.

Para consolidar esta dinámica, Mario Draghi describió explícitamente la orientación fundamental que pretende dar a su iniciativa ejecutiva: su Gobierno estará llamado a utilizar los “recursos extraordinarios de la UE” para aprovechar “la oportunidad de hacer mucho por el país pensando en el futuro de las jóvenes generaciones y en el restablecimiento de la cohesión social”. Draghi llevará sin duda a cabo, de manera pragmática, políticas económicas de protección, apoyo y recuperación, tratando de recuperar, por ejemplo, el voto de los pequeños empresarios del noreste representados en la Lega por la corriente “romanizada” de Giorgetti (ministro de Desarrollo Económico), o el de los desempleados más o menos jóvenes del sur que vieron en la “renta de ciudadanía” una tabla de salvación.

En este sentido, y de forma similar a lo que hizo el Gobierno de Carlo Azeglio Ciampi en 1993, que había sancionado el nacimiento de la llamada “segunda república”, este Gobierno podría pretender impulsar un programa de emergencia en el marco de una agenda europea más amplia que permita a los distintos partidos y a sus dirigentes replantearse sus responsabilidades, métodos y prioridades.

Al menos en esto la vocación de Draghi, el técnico y alto funcionario, merece ser entendida a partir del espíritu de la Constitución como una expresión puramente política.

Alberto Alemanno es profesor titular de la cátedra Jean Monnet de Derecho Europeo en la École des Hautes Études Commerciales (HEC) de París.

Gilles Gressani es director del Grupo de Estudios geopolíticos y de la revista ‘Grand Continent’, y profesor en Sciences Po Paris.

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