La valentía de Iván Duque

El presidente de Colombia, Iván Duque, tomó esta semana una decisión de enorme calado que convierte al país sudamericano en un ejemplo para la región y, en sentido más amplio, para el resto del mundo. La regularización de cerca de un millón de venezolanos indocumentados es una medida política valiente que persigue poner fin a la precariedad de los migrantes, resolviendo su situación administrativa y abriendo las puertas del sistema —servicios públicos, mercado laboral, etcétera— a un colectivo extremadamente vulnerable. Pero este proceso, que se aplicará a partir de mayo a través de un nuevo estatuto temporal de protección, es además un poderoso mensaje global de acogida y una invitación a la convivencia. Una excepción en un panorama internacional marcado por tanta xenofobia, nacionalismos, muros y vallas.

Colombia es el país que, en los últimos años, más migrantes venezolanos ha recibido. Al otro lado de la frontera, más de 2.200 kilómetros repletos de pasos informales, la gravísima crisis económica e institucional causada por el chavismo desencadenó un éxodo inédito en América Latina. Según los cálculos de Naciones Unidas, alrededor de cinco millones de personas se fueron de Venezuela en busca de oportunidades, sobre todo a partir del estallido de las protestas de 2017 contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Aproximadamente un tercio —1,7 millones, según las estimaciones de las autoridades migratorias— se estableció en el país vecino. De ellos, más de 960.000 todavía no tienen papeles. Esto es, están condenados a vivir en los márgenes de la sociedad.

Colombia tiene unos 50 millones de habitantes y, si bien su sistema económico es uno de los más estables dentro de la región, sus servicios públicos no son comparables con los de países más prósperos de Occidente. Con estas premisas se entiende que el esfuerzo del Gobierno, que lleva años pidiendo mayor respaldo económico de la comunidad internacional, es enorme. Sobre todo, en un momento especialmente delicado por la gestión de la emergencia humanitaria de la covid-19.

Los migrantes indocumentados han pasado en pocas semanas de quedar excluidos de la inmunización contra el coronavirus —anunciada por el propio Duque en Navidades— a tener derecho a una estancia de 10 años. El giro es notorio y el anuncio del presidente supone, de alguna manera, también un golpe de efecto. La regularización le valió los elogios de algunas de las principales instancias internacionales, de Estados Unidos y de la UE.

Duque, jefe de un Gobierno conservador, ha recibido críticas por su gestión en varios frentes, entre ellos la dubitativa aplicación de los acuerdos de paz con las extintas FARC, la actuación de las Fuerzas Armadas o la violencia en el campo. Esta medida probablemente responda a cálculos políticos. Pero lo que importa de verdad es la decisión en sí y su impacto sobre las personas. Un gesto de altura que marca una senda para otros países de la región, de Perú a Chile, Ecuador o Brasil, donde viven cientos de miles de venezolanos; y deja en evidencia a tantos gobernantes de los países más desarrollados.

EDITORIAL | Justicia vacunal global

Desentenderse de la inmunización de la población de países en desarrollo es un error tanto moral como estratégico