Los enfermos, rehenes

Las palabras de la gerente del hospital de Alcalá de Henares en las que apela a quitar el móvil a los pacientes de covid y evitar el contacto con sus familias para facilitar su traslado al hospital Zendal constituyen un atropello humano, sanitario y, sobre todo y lo más grave, político. En una reunión grabada por alguno de los asistentes y divulgada por la cadena SER, Dolores Rubio defiende prohibirles el teléfono, cortar los contactos con las familias y emprender su traslado sin escuchar su opinión. Como médica que es y, sobre todo, como gestora de un complejo sanitario como el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Rubio debe saber que la Ley de Autonomía del Paciente de 2002 reconoce que transmitirle la información clínica es obligatorio en el marco del respeto a su autonomía, a su voluntad, a su dignidad y a su intimidad. El previo consentimiento del enfermo tras recibir la información adecuada es requisito legal para cualquier actuación, así como el derecho del enfermo a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles, también recogido en la ley. La información, además, debe hacerse llegar a los familiares que el paciente haya dispuesto. Cualquiera de estos preceptos legales choca con el espíritu de las palabras de la gerente del hospital, que ha puesto por delante la consigna política de enviar pacientes al Zendal frente a la voluntad de los enfermos o de sus familiares.

Si el Gobierno de Madrid ha llegado a obligar al traslado de sanitarios al hospital levantado para hacer frente a la pandemia, e incluso ha amenazado con no renovar contrato a los que se nieguen, las declaraciones de Rubio refuerzan la idea de una gestión en la que los intereses políticos inmediatos están por encima de las recomendaciones médicas. El hospital en cuestión, con un coste muy superior a los 50 millones presupuestados, ha sido la apuesta estratégica de un Gobierno de Madrid que ha hecho bandera de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez mientras descuidaba tareas necesarias para combatir la emergencia sanitaria, como la contratación de rastreadores, el refuerzo de las plantillas, la optimización de recursos en los hospitales existentes o las restricciones.

La gerente del hospital, vinculada al PP y con una larga experiencia en gestión sanitaria, demuestra haber tomado a los pacientes como rehenes de esa política capaz de sacrificar sus derechos en aras de la propaganda. La clase sanitaria se ha distinguido, entre otras cosas, por su capacidad de facilitar la relación de enfermos y familiares en una pandemia que les condenaba a una dolorosa separación. Las palabras de Rubio, por tanto, no solo degradan los derechos de los pacientes, sino que no tienen ninguna cabida en esa andadura que ha humanizado la realidad de esta enfermedad. Rubio debe dimitir. Y la Comunidad de Madrid tiene que repensar su papel.