Editorial
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Juego limpio

El debate en torno al arbitraje judicial sobre el 14-F no debe deslegitimar el voto

Vista del hemiciclo del Parlament el pasado jueves.
Vista del hemiciclo del Parlament el pasado jueves.Toni Albir / EFE

Los derechos a la participación política (votar) y a la salud pública son fundamentales, y sus fricciones deben resolverse bajo el principio de la proporcionalidad. Este axioma sustenta la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a mantener —por ahora— la convocatoria de elecciones autonómicas para el 14-F contra la pretensión de la Generalitat. Lo hace en un texto de buena factura jurídica, algo clave, pues no dirime conveniencias partidistas: deslinda entre derechos básicos. El TSJC recuerda que el voto entraña un “interés público muy intenso”. Rechaza la provisionalidad a la que la cancelación de la convocatoria abocaría a Cataluña, pues no es un aplazamiento con fecha cierta, sino indicativa y maleable a placer del Govern. Y también la interinidad institucional, sin presidente reconocido como tal por sus socios; con el Parlamento disuelto largos meses; y sin Gobierno cohesionado. Algo más que “relevante” en plena pandemia.

Y sobre todo, invoca la proporcionalidad —indispensable a la hora de limitar derechos fundamentales— al no excluir que hasta su decisión definitiva puedan producirse “cambios sustanciales”, antes del 14-F, por una “evolución negativa”, sanitaria y de la movilidad. En plata, si el Govern endurece sus restricciones o solicita del Gobierno el confinamiento, acreditaría una fuerza mayor quizá justificativa de la cancelación. Si no lo hace, es poco creíble. Más aún cuando un conseller, puntal del grupo de Waterloo, postulaba —el mismo día en que el Govern alertaba sobre la gravedad de la evolución de la pandemia—, relajar las restricciones para fomentar el acceso a las estaciones de esquí, en un gran éxtasis de la caricatura.

Esa funesta inconsistencia ha sido también compartida por quienes en vez de reconocer el error de su decreto, arremeten contra el tribunal: “irresponsabilidad”, le atribuye el líder en funciones del Govern, Pere Aragonès; “no permitiremos que esta justicia se imponga”, agita la dirigente de Junts Elsa Artadi; y Laura Borràs, la imputada por corrupción candidata de ese partido, le achaca la pretensión de aplicar “un 155”, confundiendo aviesamente al tribunal con el Gobierno Rajoy.

El riesgo es grave y no puede desatenderse. Las ofensivas retóricas exacerbadas que agitan espectros conspirativos ahora son la semilla de posibles frutos tóxicos después: la erosión, ante la mirada de parte de la ciudadanía, de la plena legitimidad del proceso electoral. Esto debe evitarse. Corresponde a los partidos resolver con juego limpio, no empeorar. La convocatoria, muy abierta tras años de primacía sentimental y de radicalidad, es la ocasión de finiquitar la catastrófica etapa del procés y avanzar hacia una nueva fase de abandono del unilateralismo y la ilegalidad, de desinflamación de la crisis, de atención a la eficaz gestión de los servicios públicos. Esto es lo que está en el interés general de la ciudadanía catalana, lo que deberían propiciar los comicios autonómicos.

Minar esa oportunidad sería una gravísima irresponsabilidad. Las sospechas que se viertan sobre las responsabilidades en el vaivén de la convocatoria, o la falta de energía para diluirlas, amenazan con anular el contraste de proyectos y sustituirlo por la deslegitimación del voto, procurada o tolerada. Nada sería peor.

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