Defender a los uigures

La declaración con la que Estados Unidos ha calificado de genocidio la represión de la minoría musulmana uigur a manos del Gobierno chino redobla la atención global sobre esta inaceptable situación. Pueden resultar discutibles tanto el momento en el que ha sido hecha pública —por parte de la Administración de Trump, con cierto cinismo, en sus últimas horas— como el encaje del concepto de “genocidio” en este caso con la tipificación prevista por el derecho internacional. Pero lo que es innegable es que las evidencias que han logrado atravesar las impermeables fronteras informativas chinas revelan abusos de los derechos humanos a enorme escala cometidos por el régimen de Pekín contra los uigures, incluyendo campos secretos de “reeducación”, donde se interna arbitrariamente a miles de personas y se practican esterilizaciones forzosas.

Con una actitud absolutamente cerrada, China no solo niega las acusaciones, sino incluso la existencia de cualquier problema grave con ese colectivo étnico, religioso y cultural, más cercano a otros pueblos de Asia Central que a la cultura tradicional china. Ayer, Pekín anunció sanciones contra 28 funcionarios estadounidenses que incluyen a quien hasta el martes era secretario de Estado, Mike Pompeo. El movimiento es una represalia diplomática que, aunque dirigida contra una decisión de la Administración anterior, supone un primer motivo de fricción con el flamante presidente de EE UU, Joe Biden, quien ahora debe decidir el siguiente paso. Y aquí es preciso subrayar que, a pesar de estar en las antípodas de Trump, Biden se ha mostrado muy firme sobre la violación de los derechos humanos de la minoría uigur. De hecho, durante su campaña electoral, él también, a través de un portavoz, calificó de genocidio lo que está ocurriendo en la provincia autónoma de Xinjiang. Su nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, ha avalado esa calificación en una comparecencia para su confirmación ante un comité del Senado.

Resulta obvio que, para obtener la estabilidad mundial, EE UU y China deben llegar a un entendimiento al menos en las grandes cuestiones. Pero ni esto ni el cálculo de que ciertas presiones pueden no tener efecto inmediato pueden llevar a la renuncia de la defensa de los derechos humanos o a una relativización de hechos de extrema gravedad, como sucede con la minoría uigur. Es preciso que esa defensa esté presidida por la serenidad y la efectividad. Una actitud en la que además, en este caso concreto, Europa tendría que implicarse con más firmeza. El presidente de EE UU tiene ahora la complicada labor de ratificar esa defensa y evitar a la vez un rumbo de colisión con Pekín —con quien mantiene importantes discrepancias en otros campos—, cuyas consecuencias pueden resultar nefastas para todo el planeta.