Liberen a Navalni

La detención el pasado domingo, nada más aterrizar en Moscú, y la vista judicial improvisada ayer con condena a 30 días de arresto provisional del opositor ruso Alexéi Navalni son la enésima confirmación de la imparable deriva autoritaria del régimen dirigido por Vladímir Putin. En un gesto de valentía, Navalni había optado por regresar a Rusia después de sufrir un intento de asesinato por envenenamiento el pasado mes de agosto en Siberia. Apenas dos días después fue evacuado a Alemania, cuyo Gobierno confirmó la utilización, sin lugar a dudas, de un potente agente nervioso empleado ya previamente contra otras personas consideradas enemigas por el régimen ruso. Putin siempre ha negado cualquier relación con el suceso, pero lo ha hecho con un tono y unas palabras muy alejadas de las que emplea cualquier gobernante democrático. “¿Por qué es necesario envenenarlo? Es ridículo. Si hubiera sido necesario, se habría llevado hasta el final”, dijo el mandatario en la rueda de prensa de fin de año el pasado diciembre.

Lo que está sucediendo con Navalni es un claro ejemplo de persecución política y Occidente debe ser rotundo en su rechazo a este episodio. Una rotundidad que no puede limitarse a la retórica diplomática correctamente expresada ayer. La UE debe estar pendiente del desarrollo del caso Navalni y, si no se le libera, debería considerar nuevas sanciones de carácter personal a los implicados en el aparato de represión ruso. Ya se impusieron algunas tras el envenenamiento de agosto —fundamentalmente, la prohibición de viajar y bloqueo de bienes—, pero a la vista está que no han sido suficientes. Lo cierto es que Navalni encontró refugio y curación en una Europa que defiende unos valores de democracia, pluralismo y respeto a los derechos humanos a los que todos los ciudadanos rusos también tienen derecho. Es preciso que ni ellos se sientan solos, ni el autoritarismo, impune. Y Europa se debilita cuando contemporiza con actores que pisotean derechos fundamentales.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusa a Occidente de utilizar a Navalni como cortina de humo para “desviar la atención de la crisis profunda en la que se encuentra el modelo de desarrollo liberal”. Haría mejor Lavrov en fijarse en los gravísimos problemas que azotan a Rusia, y hará muy bien Occidente en responder con vigor desde los valores de las democracias liberales. Cabe esperar que la Administración de Biden estará en esa línea mucho más que la de Trump.

Pero, además, el caso Navalni no es solo la persecución de un individuo concreto, sino el epítome de una sistemática estrategia de aplastamiento de la disidencia. Desde 2012, la legislación rusa permite perseguir por ser “agente extranjero” —término que en el pasado servía para señalar a “espías” y “subversivos”— a organizaciones defensoras de los derechos humanos que reciban fondos del extranjero. En 2017 se amplió el espectro a medios de comunicación, un año después a periodistas y blogueros y desde el pasado diciembre aún más, permitiendo su aplicación a candidatos electorales o analistas. Precisamente en diciembre, por primera vez, cinco personas —periodistas y activistas— fueron declaradas agentes extranjeros.

Teniendo un panorama tan complicado en contra, Navalni podría haberse quedado en Occidente. Ojalá su valentía sea apreciada por la ciudadanía rusa.