Julian Assange queda en manos de Joe Biden

Por un momento pareció que la justicia británica quería aprovechar que Trump ha perdido interés en la extradición de Julian Assange para acabar con una década de persecución. La jueza de distrito Vanessa Baraitser denegó su extradición bajo la premisa de que, en el estado mental en el que se encuentra, sería “opresivo” permitirlo. La misma jueza que aseguró hace un año que el fundador de Wikileaks “cuenta con las protecciones constitucionales y procesales apropiadas” y que la petición “no cruza el límite de extradición por delito político”, dijo que “en estas duras condiciones, el estado del señor Assange se deterioraría empujándole a perseguir el suicidio con la determinación monomaníaca de su trastorno del espectro autista”.

De ser extraditado, Assange ocuparía una celda de aislamiento en el mismo Centro de detención Alexandria donde se suicidó Jeffrey Epstein en agosto de 2019. También es el lugar donde intentó suicidarse la exsoldado Chelsea Manning, cuando fue encarcelada por segunda vez por negarse a declarar contra Assange.

Parecía un buen augurio. Dos hackers diagnosticados con autismo y depresión habían sentado precedente en la justicia británica, tras ser perseguidos como espías bajo la misma Computer Misuse Act. En 2018, el presidente del Tribunal Supremo Lord Burnett rechazó la extradición del activista Laurie Love porque “sería opresivo por motivo de su estado físico y mental”. Love había sido acusado de conspirar con Anonymous para perpetrar ciberataques como contra los servidores del Gobierno estadounidense y robar documentos clasificados de la Reserva Federal, el Ejército de EE UU, el Departamento de Defensa, la Nasa y el FBI. En 2012, la extradición del hacker escocés Gary McKinnon, acusado por EE UU de perpetrar “el mayor asalto informático a un sistema militar de todos los tiempos” entre 2002 y 2003, también fue rechazada, esta vez por Theresa May. La entonces ministra del Interior se acogió al artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Tanto McKinnon como Love disfrutaron de libertad condicional bajo fianza durante los largos años que duró su proceso y ambos viven en libertad. La investigación contra Love en EE UU sigue oficialmente activa, aunque no ha recibido noticias del Gobierno desde que se rechazó la extradición, y puede moverse libremente por Inglaterra. Assange, sin embargo, lleva casi una década sin pisar la calle, después de siete años en la embajada de Ecuador y otros dos en la prisión británica esperando extradición. Y seguirá encerrado: la jueza Vanessa Baraitser denegó la libertad condicional para el fundador de Wikileaks, bajo la premisa de que “tiene incentivos para fugarse, y debe permitirse al Gobierno estadounidense que recurra la decisión”.

La jueza recordó que Wikileaks había ayudado a Edward Snowden a refugiarse en Rusia en 2013, un argumento que sus abogados rechazan por dos motivos. Primero, Snowden se quedó varado en Rusia cuando el Gobierno estadounidense anuló su pasaporte, no por su propia voluntad. Segundo, porque el argumento de la juez vulnera el mismo derecho internacional a recibir asilo al que acudió Theresa May cuando decidió proteger a McKinnon.

El Gobierno estadounidense tiene de plazo hasta el 19 de enero para presentar su apelación, el último día de Donald Trump como presidente de EE UU. Pero Zachary Terwilliger, el fiscal que persigue el caso, dejará de trabajar dos días antes porque acaba de dimitir. “Será interesante ver lo que ocurre con este caso —declaró cuando anunció su dimisión—. Habrá que tomar algunas decisiones. Algunas tienen que ver con los recursos y dónde quieres invertir tus energías”.

Si un Gobierno democrático puede extraditar a un periodista extranjero para encerrarlo en un centro de alta seguridad por denunciar sus crímenes, qué nos diferencia de países no democráticos como China, Corea del Norte, Siria o Irán

Será una de las primeras decisiones de la Administración Biden: perseguir o no perseguir a Assange. Técnicamente, fue el Gobierno del que él era vicepresidente el que empezó la persecución de Wikileaks hace diez años, con Obama en la presidencia y Hillary Clinton como secretaria de Estado. Pero también fue su Administración la que decidió no continuar con ella por lo que describieron como “el problema New York Times”. “Si el departamento de Justicia imputara a Assange —publicó The Washington Post en 2013— también tendría que perseguir a The New York Times y otros medios de comunicación y periodistas que publicaran material clasificado, incluyendo The Washington Post y el británico The Guardian”.

La Administración Obama no podía imputar a Assange por publicar secretos de Estado que también han publicado The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y EL PAÍS. Son las cinco cabeceras con las que trabajó para publicar de forma simultánea cientos de documentos verificados de indiscutible interés público acerca de crímenes de guerra y abusos de poder por parte del Gobierno de EE UU en Irak, Afganistán o Guantánamo. Y el Gobierno no puede perseguir a esos periódicos porque el presidente Nixon demandó a The Washington Post y a The New York Times para que no publicaran los papeles del Pentágono y perdió.

“La prensa estará para servir a los gobernados, no a los gobernantes —declaró el juez de la Corte Suprema en 1971—. El poder censor del Gobierno contra la prensa fue abolido para que la prensa permanezca eternamente libre para censurar al Gobierno. La prensa fue protegida para que pudiera desvelar los secretos del Gobierno y proteger al pueblo”. Gracias a ese precedente, el Ejecutivo de EE UU no puede perseguir a los periódicos y le sería difícil procesar a Wikileaks. Pero encontró una trampa: podían imputar a Julian Assange porque no es un medio de comunicación ni está contratado por un medio de comunicación. Y no acusarlo de periodista sino de espía. Y la trampa es doble, porque Assange no hackeó ningún ordenador.

La Administración Obama decidió no usar la trampa porque atentaba contra la libertad de prensa, pero se la dejó hecha a la Administración Trump, que acusó a Assange de conspirar con su fuente —la soldado Chelsey Manning— para obtener documentos clasificados del Gobierno de EE UU sin la autorización del mismo. Sin un precedente que rechace categóricamente ese argumento legal, ningún periodista podrá volver a publicar documentos clasificados obtenidos de una fuente sin temer una extradición o años de encierro sin fianza, a la espera de resolución. Por eso, la trampa no es solo contra Assange sino contra la libertad de prensa en todo el mundo.

Contra cualquier periodista que denuncie a cualquier Gobierno que ha cometido crímenes, abusos de poder o fraude. Porque Julian Assange no era ciudadano estadounidense ni trabajaba para el Gobierno estadounidense ni operaba desde suelo estadounidense cuando ocurrió la presunta conspiración. Si un Gobierno democrático puede extraditar a un periodista extranjero para encerrarlo en un centro de alta seguridad por denunciar sus crímenes, qué nos diferencia de países no democráticos como China, Corea del Norte, Siria o Irán. Qué nos diferencia de Arabia Saudí, cuyo jefe de Gobierno mandó descuartizar a Jamal Khashoggi, periodista de The Washington Post y editor en jefe del canal de noticias Al-Arab, en el consulado saudí en Estambul en octubre de 2018.

Joe Biden llega a la Casa Blanca el próximo 20 de enero de 2021 y tiene más de un problema urgente que resolver. Contener una pandemia, controlar un hackeo masivo, tranquilizar a una sociedad dividida y restaurar la dignidad de las instituciones democráticas que pretende liderar. Puede que Julian Assange no sea una de sus prioridades, pero si el fundador de Wikileaks muere en una prisión británica esperando su decisión, habrá perdido la oportunidad de liberar a la prensa de la trampa que diseñó su Gobierno hace diez años.

Marta Peirano es escritora y periodista.