La fiesta del Chivo

Los Presupuestos aprobados por las Cortes anuncian un tamaño del déficit público que hace honor a la gravedad de la recesión que padecemos. La AIReF los califica de arriesgados, y quien suscribe los considera doctrinarios. No cabe interpretar de otro modo las concesiones fiscales a los nacionalistas, ni la armonización fiscal que ahora se pretende. Su entraña dogmática ha engendrado dos graves malformaciones hasta convertirlos en heteróclitos.

La primera, guiada por la ideología, viola la regla de oro de las finanzas públicas que prohíbe financiar con deuda pública el gasto corriente, privado o público. Y las pensiones lo son. La fuente principal de financiación de nuestro sistema público de pensiones son las cotizaciones de empresarios y trabajadores de los distintos regímenes. Sin embargo, una vez agotada la hucha de las pensiones, dicha financiación se ha completado con créditos. Ello permite a los políticos aplazar la reforma ineludible de las pensiones, evitando el coste electoral que conlleva, pero compromete su sostenibilidad financiera así como el alma social y el bienestar futuros de nuestros hijos y nietos. El peligro reside en que esta mala práctica en pensiones se convierta en un hábito y se extienda a otros pilares del Estado de bienestar, como la cobertura por desempleo o la sanidad pública. Si así fuese sus días estarían contados. Pensemos en la sanidad pública que, hoy en día, se encuentra desarbolada gracias a la funesta política del Partido Popular.

La segunda malformación de los Presupuestos consiste en que aumentan la presión fiscal. Es un delirio extravagante asfixiar la economía cuando lo que más necesita es oxígeno para crecer, es decir, políticas contracíclicas y ultralaxas. En el ámbito presupuestario lo adecuado sería no tocar los impuestos —ya habrá momento de subirlos cuando la economía rebote—, o mejor aún, rebajarlos o aprobar una moratoria fiscal, tanto de impuestos como de contribuciones sociales. Por otro lado, las previsiones de ingresos son fantasiosas, pues la pandemia invalida algunos de los supuestos sobre los que descansan. Por el lado del gasto, sería bueno tomar muy en serio las recomendaciones de AIReF sobre los excesos en AVE y otras ayudas inútiles a la industria. Son acciones heterodoxas que perpetúan la ambición asistencialista del Gobierno y su indisimulada querencia por proporcionar la sopa boba a empresas sin futuro. Mejor sería invertir los fondos europeos prometidos en un proyecto de España transformador y bien ensamblado, que apueste por sectores de alta productividad y que mejore nuestra competitividad.

Hoy día, el Estado es el único capaz de allegar recursos de la UE al más bajo coste, y debería de actuar como una especie de prestamista de última instancia para las familias, autónomos y pymes. Además, se deberían atenuar o suprimir algunas de las medidas inconexas, improvisadas y fragmentarias que está aplicando el Gobierno para enfrentarse al coronavirus. En cualquier caso, una reducción de la presión fiscal, o incluso una moratoria de impuestos y contribuciones sociales, resolvería más problemas que la actual ingeniería tributaria. Desde el pico de 2010, familias, autónomos y pymes han realizado un esfuerzo más que notable de desendeudamiento, y ahora su problema principal es de liquidez, de momento. Pero si la recesión se prolonga en el tiempo terminará por afectar su solvencia, empeorará su morosidad y, con ella, la fragilidad financiera de los bancos, abocándonos a un nuevo rescate.

Los ERTE son una excelente medida, pero habrían requerido un plan nacional de acción que reforzase la capacidad administrativa de los servicios autonómicos de empleo y del SEPE, hoy desbordados ante una carga de trabajo multiplicada por seis. Además, prohibir el despido, como ahora se hace, aparte de maquillar las cifras de paro, carga sobre las empresas los costes inasumibles de mantener empleados ociosos —cuando no hay cartera de pedidos, ni producción, ni ventas, ni ingresos—, y las condena a un cierre irreversible.

Los españoles no somos incompetentes básicos, como creen algunos políticos, sino personas responsables que detestan la actitud paternalista del Estado erigido en nuestro custodio que nos impone medidas contra nuestra voluntad, pero por nuestro bien, para evitarnos males y procurarnos bienes, hasta dejarnos reducidos a ciudadanos abúlicos e idiotizados. Es como si un sector del Gobierno estuviese empeñado en emular al general Trujillo, dictador de República Dominicana, apodado el Chivo, a quien Vargas Llosa califica irónicamente como el benefactor en su novela La fiesta del Chivo. No, no queremos que el (Gobierno) benefactor compre votos a cambio de gasto público corriente financiado a crédito, con deuda, sino que respete la autonomía de la sociedad civil en lugar de narcotizarla. Tampoco necesitamos un Gobierno que graciosamente nos ayude (?) aumentando la presión fiscal. ¿De dónde saldrán las rentas que permitan aumentar la recaudación en el 33% como pretende la ministra Montero? Es incomprensible que, en plena depresión, el Gobierno aumente la presión fiscal y espere recaudar un 33% más. Es un sinsentido que paguemos hoy los impuestos con la mano derecha para que podamos recibir mañana, con la otra mano, las ayudas del Gobierno magnánimo.

Manuel Sanchis i Marco es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, doctor en Filosofía y miembro de España Cívica.